El Gobierno Nacional busca impulsar la deportación de inmigrantes ilegales de Argentina. Para ello, se encuentra preparando medidas concretas para presentar ante la Justicia, en función de acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales. Esta cuestión se incluye dentro de un paquete de medidas para la reforma migratoria que busca el Gobierno. De hecho, también se busca el arancelamiento universitario y sanitario para extranjeros no residentes en el país.
La reforma migratoria está a cargo del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la Secretaría de Planeamiento Estratégico, Maria Ibarzabal; y el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. La reforma apunta a establecer un nuevo régimen que acelere el proceso de salida de los inmigrantes, en los casos de ilegalidad. Debido a que, el Gobierno acusa a la Justicia de “trabar los procesos de deportación”.
El oficialismo busca modificar el Título V de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que comprende desde el artículo 60 hasta el 73, donde se prevén las medidas de expulsión de los inmigrantes ilegales en territorio nacional. Ello significa una prohibición de reingreso permanente al país o en su defecto, por un plazo de cinco años, como mínimo.
Paralelamente, la reforma contiene medidas más restrictivas para la entrega de ciudadanías y residencias a extranjeros, ya sean permanentes o no. Se busca endurecer el control migratorio, el oficialismo denuncia que en la gestión anterior no hubo control directo en la presentación de la documentación requerida para las ciudadanías y residencias a extranjeros.
Adicionalmente, el Gobierno quiere restringir a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia argentina, por nacimiento en el territorio. Esta medida se vincula específicamente con el programa conocido como “Patria Grande”, que impulsó y desarrolló el expresidente Néstor Kirchner, a través del cual se estableció un plan de regularización migratoria. A través de esta medida, se estima que aproximadamente 565.831 inmigrantes de países del Mercosur y Latinoamérica fueron regularizados.
Los próximos pasos
El Poder Ejecutivo tiene listo el proyecto para enviar al Congreso de la Nación en las próximas semanas. Sin embargo, continúa estudiando y analizando diferentes alternativas para impulsar cambios en la cartera migratoria. Por ello, ha salido a la luz la posibilidad de que el Gobierno realice ciertas modificaciones, a través de un decreto.
Cabe recordar las recientes críticas que ha estado recibiendo el Gobierno Nacional, por parte de los sectores opositores y la opinión pública, por la gran cantidad de decretos que anuncia y publica, salteando el debate en el recinto legislativo. Es por ello, que anticipadamente desde el Gobierno han expresado que “hay detalles de la reforma que no van en contra de la ley actual, de forma que pueden salir por decreto”.
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