Mediante la Resolución 901/2024, divulgada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el Protocolo de Actuación Antibloqueos, con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos productivos o de servicios que puedan verse afectados por maniobras que perturben sus actividades.
¿Cuál es el fin del Protocolo Antibloqueos?
En dicha Resolución se señala que “si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a huelga, el artículo 14 de esa misma ley fundamental consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad.” Además, se enfatiza que “existe un evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima”.
Como resultado, “resulta oportuno y conveniente establecer un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A BLOQUEOS, a fin de contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o visiblemente inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones”.
Por lo tanto, la Resolución define el término “bloqueo” como “las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”.
Despliegue de fuerzas de seguridad ante bloqueos
Una vez recibida la denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su veracidad y gravedad; si corresponde, informará a las autoridades competentes y, en su caso, instruirá a la Secretaría de Seguridad para que despliegue las fuerzas federales más cercanas con el fin de poner fin al bloqueo y restablecer el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado.
Asimismo, si las autoridades del distrito donde ocurren los hechos solicitan asistencia de las fuerzas policiales y de seguridad federales, la máxima autoridad de esta jurisdicción evaluará la necesidad, viabilidad y oportunidad de brindar el apoyo solicitado y ordenará el despliegue correspondiente.
En ese contexto, el Ministerio de Seguridad informará de inmediato a la Secretaría de Trabajo y a las personas físicas o jurídicas afectadas, para que puedan actuar conforme a lo previsto en el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones.
Finalmente, las fuerzas policiales y de seguridad federales recopilarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, incluyendo la identificación de los responsables y participantes, para su pronta remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
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