El Gobierno Nacional creó una comisión que busca transferir las competencias del Poder Judicial de la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La medida fue oficializada, a través de la Resolución 179/2025, publicada en el Boletín Oficial el día de ayer.
El Ministerio de Justicia Nacional, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, tomó la decisión de crear esta comisión especial y traspasar las competencias del Poder Judicial Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es que la Justicia porteña pueda analizar las sentencias y fallos judiciales en su propio suelo.
A pesar de la autonomía política de la que goza la Ciudad, desde la reforma constitucional del año 1994, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se ve limitado. Cabe recordar que dicha autonomía política, le reconoce facultades propias de legislación y jurisdiccionales. Por ello, el Gobierno Nacional busca garantizar dicha autonomía y velar por el cumplimiento del sistema federal, que la Argentina adoptó como forma de gobierno en su Constitución Nacional.
En este sentido, se reconoce que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no está habilitado para analizar las sentencias dictadas por los jueces del Poder Judicial de la Nación, quienes aplican el derecho común en el ámbito de CABA. Tampoco dispone de las facultades necesarias para declarar la admisibilidad o no de los recursos extraordinarios, con destino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ello que, con la presente transferencia de competencias, a partir de la creación de una comisión, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA podrá disponer de estas facultades de las que antes no gozaba.
La Ley Nº24.588, en su artículo 6º, establece que el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires pueden celebrar convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Por lo que, la medida tomada por el Ministerio de Justicia Nacional encuadra perfectamente con lo que establece la ley argentina. De hecho, Nación ya ha realizado transferencias de diversas competencias judiciales ordinarias a la Ciudad de Buenos Aires, a través de diferentes convenios, desde el año 2000.
Los detalles de la medida
La creación de la comisión tiene el objetivo de asegurar el traspaso eficiente de competencias, sin entorpecer el funcionamiento integral de la justicia de ambas jurisdicciones. Por ello, se está trabajando en la identificación de mecanismos que permitan un traspaso efectivo, que tenga en consideración las implicancias normativas, logísticas, presupuestarias y financieras, como así también relativas a los bienes materiales, funcionarios y personal involucrado. La comisión estará presidida por el Doctor Marcelo Javier Ruíz, hombre de confianza del Ministro Libarona, como representante del Ministerio de Justicia Nacional.
El Ministerio de Justicia de la Nación alega la “necesidad urgente de abordar el tema y avanzar hacia la plena autonomía judicial conforme a lo establecido en la Constitución Nacional”. El traspaso y la transferencias de competencias resulta esencial para el Gobierno Nacional, quien considera que debe asegurar la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional.
Si bien la Corte Suprema de Justicia fue quien había manifestado que el TSJ de CABA debía ser el órgano encargado de inspeccionar y analizar las sentencias de las Cámaras Nacionales, con competencia e incidencia en el territorio porteño, ahora la misma Corte rechaza la resolución. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil manifestó contundentemente el rechazo de la decisión del Gobierno.
Actualmente, se está trabajando en la creación de la comisión para oficializar el traspaso de facultades y competencias. Mientras tanto, la Justicia Nacional continuará resolviendo los casos judiciales en territorio porteño, hasta que se concrete la transferencia. La comisión creada, a partir de la Resolución 179/2025, “deberá formular la propuesta dentro del plazo de SEIS (6) meses desde su efectiva conformación”.
Por lo que, la oficialización de la medida es solo el primer paso de un largo proceso, que el Gobierno busca consolidar. De hecho, la iniciativa del Ministerio de Justicia busca reconfigurar el sistema judicial porteño, de una vez por todas, y asegurar la autonomía política, jurisdiccional y judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
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