La Cámara de Diputados aprueba el Registro Nacional de Datos Genéticos, la educación como servicio esencial y el financiamiento de las universidades

Durante la última jornada de sesiones en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el Registro Nacional de Datos Genéticos relacionado con delitos contra la integridad sexual, la educación como servicio esencial y el financiamiento de las universidades.

Debate sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos

El propósito del nuevo Registro será abarcar la identificación genética de todos los delitos contemplados en el Código Penal. El proyecto recibió 146 votos a favor, 87 en contra y 7 abstenciones en la votación, y fue enviado al Senado para su sanción definitiva.

Durante el debate, la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO, en su rol de miembro informante, explicó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. “Hay absoluta coincidencia que hay que ampliar el registro e incorporar el ADN de contacto como instrumento para que se sumen nuevos perfiles”, señaló, destacando que la norma “es una de las más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”.

Según Machado, el objetivo es que “muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones puedan encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. “Ahora vamos a incluir que ingresen también los perfiles genéticos de los imputados por delitos”, concluyó.

Por otro lado, Martín Soria (UxP) presentó el dictamen de minoría, señalando diferencias clave con respecto al dictamen mayoritario, y subrayando tres puntos principales: “Es inconveniente que sea traspasado a la órbita del Ministerio de Seguridad; la toma de muestras de ADN compulsiva sin definir prioridades en lógica criminal; y la designación sin criterios del directorio de huellas genéticas, cambiando el software nacional y gratuito creado en 2013 para reemplazarlo por uno del exterior”.

Gabriel Bornoroni, diputado de La Libertad Avanza, afirmó que el registro genético “ayudará a transformar el país y permitirá avanzar con rapidez ante nuevos casos; así saldaremos las deudas con las víctimas”. En la misma línea, Santiago Santurio destacó la importancia de que “se identifiquen a los criminales y que vayan a la cárcel”.

En tanto, la diputada Natalia Sarapura, de la UCR, subrayó que “esta modificación no debemos entenderla solo como una iniciativa tecnológica, sino que la debemos entender, defender y aplicar como un compromiso con la justicia, seguridad y bienestar de todos los argentinos”.

Por su parte, Vanina Biasi (PO/FIT Unidad) criticó el proyecto, argumentando que “tiene como finalidad tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad”.

Tropas extranjeras en el país y educación como servicio esencial

En la misma sesión, también se aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras y nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.

Asimismo, se aprobó una ley que declara a la VI Brigada Aérea como “Brigada Heroica”, en homenaje al personal que participó en la Gesta de Malvinas, junto a una serie de tratados y acuerdos internacionales.

Al inicio de la sesión especial, se aceptaron las renuncias del diputado Alfredo Vallejos, siendo reemplazado por José Federico Tournier (UCR), y del Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Tomás Figueroa, quien fue sustituido por Adrián Pagán.

Posteriormente, a las 21 horas del miércoles, la Cámara de Diputados inició el debate sobre el proyecto de ley que declara la educación obligatoria como “servicio estratégico esencial”. En la votación, el proyecto recibió 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, y fue girado al Senado para su sanción definitiva.

La norma, que logró unificar en Comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques del PRO, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, busca garantizar el pleno derecho humano a la educación en igualdad de oportunidades y posibilidades en todos los niveles y modalidades.

Al respecto, el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) señaló que “el proyecto pone en el centro del debate educativo a los chicos, que son el corazón del sistema educativo”. Agregó que “tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga de los docentes”.

“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, explicó.

Blanca Osuna (UxP) se expresó en contra del dictamen de mayoría, advirtiendo que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”. Señaló que “los docentes están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”.

Vanina Biasi (FIT) también criticó el dictamen de mayoría, afirmando que “quieren llamar esencialidad a prohibir el derecho a huelga, pero este gobierno subejecutó todos los programas educativos, recortó los libros, recortó el FONID y recortó el 20% del salario a la docencia”.

El debate sobre el financiamiento de las universidades en la Cámara de Diputados

Otro proyecto de ley debatido fue el de Financiamiento de Universidades Nacionales. En este caso, se votó el segundo dictamen de minoría con modificaciones propuestas por la UCR y Unión por la Patria. Las modificaciones incluyeron la recomposición de salarios desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual y de acuerdo a la inflación informada por el INDEC; la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades, y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; además de un aumento en el monto de las becas. La norma contó con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.

Blanca Osuna (UxP), como miembro informante del dictamen de mayoría, destacó que “este proyecto de ley plantea que se instruya al Gobierno Nacional de la asistencia financiera de universidades, pero además se refiere en el programa a 26 actividades específicas”.

José Luis Espert (LLA) explicó que “en términos reales el presupuesto educativo crecería 10%, no hay ningún ajuste”, y añadió que “el diálogo con las universidades está vigente”. “El gobierno está gestionando y solucionando problemas heredados en educación superior”, concluyó Espert. Y agregó: “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”.

Danya Tavela (UCR) también explicó que “si queremos consolidar nuestra economía este es un tema que debemos debatir”. Maximiliano Ferraro (CC) respaldó esta visión, destacando que “establecimos criterios de distribución presupuestaria para las universidades, criterios de actualización de salarios docentes y no docentes, cuestiones que hacen a la transparencia, el seguimiento y la evaluación de los recursos”.

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