El expresidente peruano, Alberto Fujimori, ha sido liberado anticipadamente en diciembre gracias a una decisión del Tribunal Constitucional de Perú, lo cual refleja un problema más amplio en América Latina, donde la línea entre los gobiernos y el crimen se vuelve cada vez más borrosa.
Fujimori, de 85 años, cumplía una condena de 25 años por su implicación en ejecuciones extrajudiciales, secuestros y malversación de fondos durante su mandato que finalizó en 2000. El Tribunal Constitucional restableció un indulto presidencial anterior, ignorando las restricciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este caso evidencia un problema más amplio en América Latina, donde diversos políticos parecen empeñados en debilitar la capacidad del Estado para enfrentar a grupos criminales. En Guatemala, legisladores sancionados por corrupción han obstaculizado la asunción del presidente electo, quien lucha contra la corrupción. En Ecuador, bandas violentas buscan controlar el poder al reclutar funcionarios públicos. México y Brasil también enfrentan la influencia de cárteles de drogas y paramilitares en sus gobiernos locales y estatales.
A pesar de los éxitos en reducir la pobreza y controlar la inflación, la creciente amenaza del crimen organizado persiste como un desafío importante para las democracias latinoamericanas. El crimen organizado se ha arraigado en la región durante las últimas cuatro décadas, participando en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando de personas.
La fusión entre el crimen organizado y los Estados ha llevado a formas híbridas de gobierno, donde ambos ejercen el poder, generando corrupción y violencia. Este fenómeno ha llevado a la aparición de un “cuarto poder”: el crimen organizado.
Aunque la región ha resistido presiones significativas a lo largo del tiempo, el crimen organizado sigue representando una amenaza. Los esfuerzos independientes de fiscales, jueces y policías en países como Colombia, Guatemala y Perú han tenido éxito al procesar a funcionarios públicos implicados en el crimen organizado, debilitando así a las mafias.
Para abordar eficazmente la creciente amenaza del crimen organizado, se necesita un mayor apoyo a las reformas anticorrupción respaldadas por los Estados Unidos. La inversión de recursos en fortalecer el Estado de derecho en América Latina y abordar la demanda de drogas estadounidense, así como controlar el flujo de armas hacia la región, son medidas clave para enfrentar este desafío. La cooperación entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos es esencial, pero no debe comprometer la lucha contra los estados mafiosos emergentes ni abandonar a los reformistas.
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