El Informe Global sobre Seguridad Ciudadana de la ONU indica que la violencia y la delincuencia representan una amenaza significativa para el bienestar y seguridad de los ciudadanos en muchas partes del mundo, siendo una problemática cuya complejidad radica en la necesidad de abordar no solo las manifestaciones visibles de la criminalidad sino también las causas profundas que la alimentan.
(Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune)
Los intentos de cooperación
A pesar de que ha sido una preocupación mundial persistente, la falta de consenso entre los Estados ha obstruido los esfuerzos para abordarla efectivamente.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los países latinoamericanos para cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de delitos transfronterizos, son las diferencias en los marcos legales, la falta de recursos, los problemas de comunicación, la corrupción e, incluso, las diferencias políticas entre los gobiernos de turno. Dicha falta de coordinación ha permitido que las organizaciones criminales operen con impunidad y aprovechen las lagunas en los sistemas de justicia penal para continuar sus actividades ilícitas.
Fue recién en el año 2000 cuando se logró un primer acuerdo mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También conocida como la Convención de Palermo, este acuerdo proporcionó un marco importante para guiar a los países en el abordaje del crimen organizado dentro de sus propias jurisdicciones.
Sin embargo, la proliferación de las actividades delictivas, la falta de voluntad política y la limitada coordinación interestatal para abordar esta problemática han contribuído a la complejidad del crimen organizado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, las Américas tienen una puntuación media de 43 sobre 100 en la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.
El negocio del crimen organizado
El crimen organizado contemporáneo se destaca por su transnacionalidad y su capacidad para aprovecharse de la globalización económica. De esta manera, se han desarrollado redes internacionales que le permiten a las organizaciones criminales moverse fácilmente a través de las fronteras y aprovechar las diferencias entre los sistemas legales y financieros de diferentes países.
Actualmente, representa hasta el 1,5 % del producto interno bruto mundial, con ingresos anuales que superan los 870.000 millones de dólares.
En regiones mexicanas y colombianas, la ausencia estatal ha permitido que grupos del crimen organizado asuman el control sobre la población y el territorio. Además, recientemente, la delincuencia organizada transnacional ha sobresalido como un problema de seguridad internacional, lo que subraya su magnitud e impacto en la región.
Si bien existen iniciativas regionales en América Latina, tales como la Organización de los Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas, al igual que organizaciones internacionales de policía criminal con presencia en la región, como lo son la Interpol y Ameripol, la falta de voluntad política y los intereses divergentes de los países miembros son el principal obstáculo en la implementación de estrategias comunes de seguridad.
En un contexto marcado por la transnacionalidad de la actividad criminal, resulta evidente la necesidad fortalecer los mecanismos de cooperación regional para abordar efectivamente esta amenaza.
Te puede interesar: Norinco busca posicionarse como un proveedor de equipamiento para las Fuerzas Armadas de la región: entrevista a Meng Xin, subdirector para Latinoamérica
Fuente: Latinoamérica 21
Si te gustó este artículo, seguinos con un click en y suscribite a nuestros videos en YouTube .
