En el marco de una nueva escalada de violencia narco y creciente inseguridad, el Ministerio de Seguridad anunció este martes 16 de abril el envío de 4 proyectos de ley diseñados para combatir el crimen organizado. Ellas son: Ley Antimafias, la expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos y modificaciones en la legislación actual sobre reiterancia delictiva y legítima defensa.
Ley Antimafias
Como bien explicó el Ministerio de Seguridad por medio de la red social X (ex Twitter), la Ley Antimafias se busca sancionar con mayor severidad a los integrantes de organizaciones criminales e introducirlos en zonas especiales de investigación para agilizar las respuestas del Estado.
Para ello, el proyecto de ley eleva la pena de 8 (ocho) a 20 (veinte) años los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Por otro lado, busca crear una “Zona Sujeta a Investigación Especial” cuyo objeto es establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación. Una vez declara la zona especial, las Fuerzas Policiales y de Seguridad podrán, entre otras cosas, detener a una persona hasta por 48 horas, incautar mercadería vinculada a delitos, realizar requisas en los establecimientos penitenciarios, e interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de
comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
Sumado a ello, en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Ley Nº 25.632, le otorga a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, la facultad de intercambiar información con los órganos especializados en la materia de otros Estados.
Expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos
Este segundo proyecto propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación.
De esta manera, se amplía el registro a todo tipo de delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, permitiendo crear una base de datos gigantesca que contenga los datos genéticos hallados en la escena del crimen.
Este sistema contempla la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas compartan el perfil genético de las aquellas. También, el inciso g) del Artículo 3° establece que el Registro sistematizará y almacenará las huellas genéticas de toda persona que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil genético al Registro.
Como fundamento de este proyecto, los autores sostienen que mantener el esquema actual carece de efectividad, ya que el universo es muy estrecho, por lo que con esta ampliación se agilizará y extenderá los alcances de la Justicia, mejorando su poder de acción.
Reiterancia delictiva
Este proyecto, que modificaría el Código Penal, el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, busca agravar la situación procesal de aquellos individuos que, habiendo ya sido imputados o procesados por distintas causas, cometan un nuevo delito.
De esta manera, el nuevo esquema busca contemplar las condenas de una persona como antecedente para considerarla reincidente. La norma actual considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia delictiva, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Consecuentemente, las penas se sumarán de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años, en casos de dos hechos independientes.
Resguardo del orden público y la legítima defensa
Este proyecto busca actualizar el Código Penal con relación al accionar de las fuerzas de seguridad en cumplimiento del deber o en ejercicio de su legítima defensa. En este caso, se considera que en la actualidad, los efectivos de seguridad se ven inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo, con lo que la efectividad de las mismas y cumplimiento de su objetivo se reduce drásticamente.
Como señala el proyecto de ley, la intención es que las “fuerzas del orden
puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos.”
La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se
defiende de quién escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido
durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojara o trabajara, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento, así como en la defensa de un tercero.
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