A medida que continúan creciendo las tasas, el tráfico ilegal de armas en Argentina está en auge y amenaza con profundizar una crisis de seguridad en expansión. En lo que va del año, se han reportado y registrado cientos de casos de tráfico ilegal de armas que atentan contra el orden público y ya han puesto en alerta al Ministerio de Seguridad Nacional, que busca encontrar una solución inmediata para este asunto de seguridad.
Ante el creciente auge del tráfico ilegal de armas en el país, cabe preguntarse si su comercio ilegal ha aumentado o si en su defecto, las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad hasta el momento han sido ineficientes. ¿Qué hará ahora el Gobierno Nacional para solucionar esta problemática de seguridad nacional?.
Breve mención a casos recientes
En el último mes, se han registrado numerosos casos de tráfico ilegal de armas, que el Ministerio de Seguridad ha dado a conocer. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ha desempeñado un rol importante, en el marco de los operativos de control impulsados por el ente ministerial, ante esta situación.
De esta manera, por ejemplo, la Gendarmería ha detenido a un vehículo que prestaba servicios de traslado y transporte y secuestró aproximadamente 2.000 municiones sin autorización legal. El conductor no pudo presentar ningún documento que acredite la tenencia legal ni el transporte de los proyectiles calibre 22, que fueron incautados por la Gendarmería.
Los casos recientes informados por el Ministerio de Seguridad suelen darse en el marco de los operativos de controles vehiculares en los kilómetros y rutas nacionales, donde efectivos y gendarmes de las diferentes patrullas, descubren, incautan y detienen material explosivo y armamento. En algunos casos, como el anterior, los conductores no tienen la habilitación necesaria para la tenencia, portación o el transporte de las armas. Aunque en otros casos, como uno acontecido el pasado 15 de abril en Mendoza, los conductores tienen la documentación vencida.
La Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza” de Gendarmería Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a la obtención y acopio de armas y la comercialización de estupefacientes, en la provincia de Mendoza. A partir de la investigación, se descubrió que la organización, dedicada a la obtención y acopio de elementos ilícitos (estupefacientes, armas de fuego, municiones), distribuía dichos elementos dentro del Complejo Penitenciario Federal IV de Cuyo y fuera del mismo. Estos son solo algunos casos, a modo de ejemplo, de cómo está creciendo el tráfico ilegal de armas de fuego y elementos ilícitos en todo el país.
La Ley 20.429: Ley Nacional de Armas y Explosivos
La tenencia y portación ilegal de armas de fuego están penalizadas en el sistema penal argentino. La Ley Nacional de Armas y Explosivos, sancionada en 1973 y su decreto reglamentario, establecen la figura de “legítimo usuario de armas de fuego”. A partir de esta figura, se asegura la legalidad de la tenencia, portación, transporte y distribución de armas de fuego. De hecho, toda arma de fuego no registrada, sea de uso civil o de guerra, es ilegal.
Los legítimos usuarios son personas que se encuentran autorizadas y acreditadas para realizar diferentes acciones, según el tipo de categoría que tengan: tenencia, transporte, uso, portación, comercialización. Por lo que, existen diferentes categorías de legítimo usuario, establecidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
En el marco de los operativos de controles y seguridad, la presentación de la documentación adecuada, que acredite el carácter de legítimo usuario de armas de fuego, resulta esencial. Lo que sucede es que prácticamente ello no sucede y se ha registrado un aumento sostenido del tráfico ilegal de armas de fuego, la mayoría de ellas de uso civil, aunque no por ello menos peligroso para el orden público.
Rol de las Fuerzas de Seguridad
Ante este contexto, el Ministerio de Seguridad ha comenzado a desarrollar medidas y políticas de control para identificar operaciones de tráfico ilegal de armas de fuego, como los mencionados operativos de control en rutas nacionales y kilómetros. A partir de los controles vehiculares, las distintas unidades de Gendarmería han identificado y descubierto numerosos casos de tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos.
Cabe preguntarse ahora, con la creciente tasa de aumento del tráfico ilegal, si las medidas implementadas por las Fuerzas de Seguridad son efectivas o si Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, deberá configurar una nueva estrategia contra esta problemática de seguridad nacional, que atenta y pone en peligro el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
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