Este viernes, el gobierno nacional oficializó la privatización total de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a partir del Decreto 286/2025 publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, la normativa aprueba el inicio del proceso de privatización de ENARSA, empresa en su mayoría estatal encargada de la exploración, producción, transporte y distribución de gas, petróleo y energía eléctrica en el país.
La medida ya había sido anticipada en su momento en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, planteando en simultáneo interrogantes sobre el futuro del sector energético y el rol del Estado en el mismo. Diversos sectores del oficialismo celebraron la medida como un paso clave y necesario para modernizar el Estado y atraer inversiones, aunque aún no se conocen los detalles específicos del cronograma a seguir o las etapas de la privatización de las diferentes unidades de ENARSA.
El posible proceso de privatización y los argumentos del Estado
En principio, la normativa publicada en el Boletín Oficial afirma que la empresa “podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica”, destacando la continuación de su actividad comercial en los sectores en los que ejerce.
No obstante, destaca que su composición accionaria se integra por el 97,94% de titularidad del Estado Nacional, y el 0,2% de las provincias de Chubut, Formosa y Río Negro. En paralelo, solo el 0,12% es de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego. En este contexto, el gobierno nacional enfatiza que solo el 0,01% es de titularidad de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Si bien el Decreto destaca que ENARSA cuenta con una gran participación accionaria, reafirma que “la intervención estatal a través del desarrollo de actividades propias del sector privado no ha dado los resultados esperados” y, por el contrario, “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado Nacional y la gestión de los servicios públicos”. Por esos motivos, entre tantos, el gobierno considera que la privatización es “el medio más idóneo” para “asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva”.
Por otro lado, el proceso de privatización, según el Decreto mencionado, será desarrollado por etapas “con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”. El primer paso medianamente concreto implica la venta de las acciones integrantes del capital social de la empresa mediante un concurso público “con base de alcance nacional e internacional”. Esto implica las acciones que ENARSA posee en Citelec S.A., la empresa controlante de Transener, responsable del transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país.
En paralelo, el Ministerio de Economía será el encargado de llevar a cabo tal proceso de privatización, con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Ambas agencias dictarán “las normas operativas y complementarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto”.
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