Las recientes elecciones en Clorinda, provincia de Formosa, desataron una ola de denuncias hacia el gobernador Gildo Insfrán y sus candidatos del interior por fraude electoral, clientelismo y manipulación de padrones. Los comentarios han hecho eco en la esfera política, intensificando el debate sobre el futuro político de la provincia.
El dirigente justicialista, Javier Paredes, lanzó graves acusaciones que ponen en jaque la legitimidad democrática de la región. Puntualmente, habló sobre el proceso electoral de Clorinda y cómo estuvo marcado por “el uso sistemático de recursos públicos, la movilización de votantes con domicilios adulterados, y la participación de miles de ciudadanos paraguayos con documentos falsificados”. En consonancia, denunció la compra de votos mediante bolsones de mercadería y beneficios sociales.
Paredes también criticó a la oposición formal por ser funcional al oficialismo y permitir que estas elecciones sean alteradas. Según su denuncia pública, Ariel Caniza se convirtió en intendente por dos años “pese a que el 54% de los vecinos de Clorinda lo rechazaron en las urnas”, principalmente porque fue elegido gracias a votos provenientes de Paraguay y otras provincias. “Vinieron, votaron, decidieron el futuro de la ciudad y se fueron. Hoy, los que vivimos acá, nos quedamos con los mismos problemas de siempre: pobreza, droga, abandono, atraso, y un municipio tomado por una banda de corruptos”, declaró.
En simultáneo, los medios de comunicación locales criticaron al gobernador Gildo Insfrán por destinar recursos estatales para resolver disputas internas del Partido Justicialista en vez de preocuparse por su provincia. Los principales argumentos recaen en que el gobernador únicamente se esfuerza en consolidar su posición en el partido frente a las tensiones entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, ignorando las graves denuncias realizadas en su provincia.
Las graves implicaciones institucionales
En este contexto de múltiples implicancias y acusaciones políticas, toma relevancia la denuncia realizada por el doctor formoseño Gabriel Hernández, reconocido por su trayectoria como abogado y analista político. En una reciente investigación, denunció el entramado delictivo que, según sus palabras, opera como una “asociación ilícita con ramificaciones en el poder”.
El abogado ratificó que se trata de un complejo esquema que incluye la manipulación de padrones electorales y la creación de identidades falsas, habría alterado de manera irreversible los resultados en Clorinda, la segunda ciudad más importante de la provincia. En su contundente exposición, detalló cómo anteriormente ya se ha probado, con intervención de la Gendarmería, que miles de personas figuraban en los padrones con domicilios inexistentes o ajenos o residían en Paraguay. “Cuando llegaba la fecha de la votación cruzaban y votaban como si vivieran acá. No eran vecinos. Nadie los conocía. Eran domicilios directamente inventados para poder votar y cobrar planes”, remarcó.
Además, subrayó la gravedad de estas prácticas y cómo pueden expandirse a otros ámbitos que no sean el electoral. “Si ya manejan los Registros Civiles, entregan DNI truchos, alteran padrones, ¿te imaginás lo fácil que sería para ellos darle una identidad falsa a un contrabandista, a un narco o a un traficante de personas? Hasta ahora, los únicos acusados son los que vinieron a hacer una pensión trucha o a emitir un voto ilegítimo. Pero ¿y los que organizaron esto? ¿Los que mandaron a buscar a los votantes?¿Los funcionarios que no hicieron las visitas domiciliarias? Nunca fueron denunciados. Nunca fueron investigados”, recalcó.
En su denuncia, expresó la necesidad de acción por parte del Estado nacional que realice una “limpieza institucional”. “Esto no se resuelve sólo con un fiscal de frontera. Se necesita voluntad política. Se necesita cortar el hilo por arriba, no por lo más delgado. Si no se actúa ahora, esta provincia va a seguir siendo una zona liberada, una ventana abierta al crimen organizado internacional”.
Por lo denunciado, el panorama en Clorinda y en la provincia de Formosa es alarmante. Considerando las prácticas de fraude electoral y clientelismo denunciadas, este escenario revela la existencia de un entramado delictivo con implicancias más profundas, que precisa rápidamente la intervención nacional.
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