El sector energético argentino atraviesa momentos de incertidumbre tras la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), medida que generó opiniones encontradas dentro de la industria. Algunos sectores consideran positiva la eliminación, otros creen que agravará el problema de infraestructura y el desarrollo de proyectos.
De una forma u otra, el gobierno nacional anunció en este contexto la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), con el objetivo de eliminar restricciones para el ingreso de maquinaria utilizada en sectores estratégicos, como el energético. La medida, a grandes rasgos, busca agilizar los procesos administrativos y reducir costos para las empresas, profundizando la “libertad de mercados”.
Novedades e interrogantes
Esta nueva medida, que contempla la eliminación del CIBU, se oficializó en el Decreto 273/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. En palabras del gobierno, se eliminó “una medida burocrática con más de 30 años de vigencia […] y prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria […] A partir de ahora, quienes necesiten importar podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites”.
No obstante, cabe preguntarse si logrará compensar el impacto que tuvo la disolución del FFTEF en el sector energético. Existen empresarios que ven la flexibilización de importaciones como una oportunidad para modernizar sus operaciones, ya que la posibilidad de importar maquinaria usada sin “trabas burocráticas” podría facilitar la ejecución de proyectos; sin embargo, otros advierten que la eliminación del Fondo sin alternativas de inversión podría generar “un vacío difícil de llenar”.
Cabe recordar que el Fondo fue cerrado tras una una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde se constató que el FFTEF “registraba un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados” con múltiples “falencias encontradas” que motivaron su cierre. En su momento, desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) plantearon que “Argentina cuenta con un Plan Federal de Transporte Eléctrico hace tiempo donde se detallan las obras prioritarias, pero es preciso que esté acompañado con la aprobación de las normas que aseguren su concreción en tiempo”. Similar, la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) también afirmó que “la disolución del FFTEF es un grave error, porque son fondos que pusieron las provincias y entes internacionales, entre otros agentes del sector”.
Hoy, la eliminación del CIBU y la flexibilización de importaciones en general son un intento gubernamental de desregular el mercado y fomentar inversiones. Sin embargo, la desaparición del FFTEF y no contar con un plan de financiamiento distinto genera interrogantes en el sector energético. Momentáneamente, la industria energética deberá adaptarse a estas medidas para garantizar que su crecimiento no se vea comprometido.
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