A través del Decreto 263/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial de la República Argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en el país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Según el primer artículo del decreto, se establece un plazo de quince días a partir de su publicación para llamar a Concurso Público Nacional e Internacional.
“Con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades, a saber: ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA”, reza el documento. En paralelo, recuerda el trabajo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como la encargada de llevar adelante los procesos de privatización, entre otros.
“A través del Decreto N° 644 del 18 de julio de 2024, modificatorio del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se creó la “AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS” como Unidad Ejecutora Especial Temporaria, en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA. […] Se dispuso que esta tiene como objeto principal dirigir y coordinar todas las acciones en materia de desenvolvimiento de las empresas y sociedades”, subraya el nuevo Decreto.
Oportunidades, riesgos e impacto en el futuro energético argentino
La venta de las centrales hidroeléctricas son un ejemplo del escenario de transformación profunda que atraviesa el sector público en la Argentina. Es, indudablemente, una de las principales metas del gobierno de Milei: la transformación y reestructuración del Estado.
Puntualmente sobre el sector energético, múltiples analistas consideran que la privatización es una oportunidad para atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa. No obstante, otros tantos creen que es un riesgo dejar en manos de privados la gestión de un recurso estratégico como éste. Además, podría impactar en las tarifas, el acceso a la energía o la soberanía energética.
Más allá de las implicancias económicas y políticas, la privatización de estas centrales acompaña un debate de mayor escala sobre el rol del Estado en el manejo de recursos estratégicos y su capacidad para garantizar un suministro como tal. Una gestión privada podría impulsar una mejor administración del sector, aunque el equilibrio entre público y privado queda, en cierta forma, desfasado cuando de recursos soberanos se trata.
Te puede interesar: Nuevos cambios en Cancillería: más nombramientos y traslados
