La intervención del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, verá limitada su intervención en las protestas por la crisis jubilatoria a raíz de un fallo judicial. Roberto Andrés Gallardo fue el Juez que tomó esta decisión, en el marco de una nueva marcha jubilatoria para el próximo miércoles.
El dictamen judicial emitido por el Juez Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, prohíbe la intervención del Ministerio de Seguridad en estas manifestaciones. Es así que, se le ordena abstenerse de intervenir en el operativo de seguridad de la marcha de jubilados de este próximo miércoles.
Cabe recordar que, el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las protestas por los haberes jubilatorios ha dado mucho de qué hablar en la esfera pública. La represión policial contra los manifestantes y especialmente contra los jubilados no ha sido bien vista por la ciudadanía. De hecho, el Juez Gallardo hace referencia a dichas manifestaciones, resaltando el accionar policial y destacando las decenas de heridos y detenidos. Así también, destaca el caso del periodista herido, Pablo Grillo, en el marco de la caótica manifestación del 12 de marzo.
La decisión del Juez Gallardo responde a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Quienes habían solicitado la intervención de la Justicia porteña para resolver y reasignar la competencia jurisdiccional para la organización y coordinación del operativo de seguridad, en el marco de estas manifestaciones semanales.
¿Qué dictamina el fallo judicial?
El fallo judicial emitido el pasado domingo por el Juez Gallardo principalmente ordena la abstención del Ministerio de Seguridad de intervenir en el operativo de seguridad de la nueva movilización jubilatoria. Sin embargo, eso no es todo.
Paralelamente, el fallo dictamina que la Policía del distrito, en este caso la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, debe ser la que esté al frente de la organización del operativo de seguridad. Por lo que, la Policía de la Ciudad deberá organizar y coordinar el operativo durante la marcha de mañana, que tuvo convocatoria de algunos sindicatos para acompañar la protesta jubilatoria en el marco de una nueva huelga general de trabajadores, pactada para el próximo jueves. El fallo establece que la Policía de la Ciudad reasumirá “sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública”.
El Juez Gallardo cita y referencia el accionar que han tenido las Fuerzas de Seguridad Federales en las pasadas manifestaciones jubilatorias. En este sentido, resalta “en los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.
En la resolución judicial, se destaca que “es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”. Alegando un avasallamiento del Gobierno Nacional sobre la autonomía de CABA. Este dictamen genera un nueva disputa entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya ha despertado la respuesta del Gobierno.
La respuesta del Ministerio de Seguridad Nacional
El Ministerio de Seguridad de la Nación no ha tardado en responder al dictamen judicial y el día de ayer presentó una denuncia contra el Juez Roberto Gallardo por el fallo emitido. La denuncia realizada es por el “mal desempeño en sus funciones y la interferencia en el trabajo de las Fuerzas Federales”.
El día de ayer, el Ministerio emitió un comunicado oficial, a través de la red social X, para anunciar la denuncia al Juez Gallardo y dar más detalles al respecto. En este sentido, en el comunicado se explica que “a través de decisiones sin respaldo legal, ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos”.
Es por ello que el Gobierno apela la medida cautelar y en la denuncia se plantea la nulidad, objetando también la competencia del Juez Gallardo para intervenir en la cuestión. “Es fundamental recordar que la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales” resalta el comunicado. Cabe recordar que, no es la primera vez que la Ministra denuncia a un juez por cuestionar los operativos de seguridad a su cargo. También sucedió cuando la Jueza Karina Andrade liberó a los detenidos en la manifestación del 12 de marzo.
El Gobierno de la Ciudad también respondió
Por su parte, el Gobierno de Jorge Macri apeló al fallo judicial este martes, a través de la Procuración General, y pidió que se revoque la decisión y se considere su nulidad. Macri se pronunció en sintonía con la Ministra Bullrich, luego de una sucesión de tensiones y enfrentamientos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó que el Gobierno Nacional sea parte del operativo de seguridad para la movilización del día de mañana, en vísperas de una masiva convocatoria de manifestantes. El Jefe Porteño destacó que el operativo debe tener en cuenta “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación”, en sintonía con la convocatoria que está teniendo la movilización de mañana. “Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre” destacó Macri.
Por último, el Gobierno porteño expresó que la resolución judicial se resolvió sin la participación ni la consulta al propio Gobierno de la Ciudad y aseguró que la jurisdicción nunca renunció al ejercicio de sus competencias y obligaciones en materia de seguridad pública. Por lo que, consideran que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento, en apoyo del Gobierno Nacional.
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