La Armada de Colombia informó que adquirirá 18 botes de Operación Fluvial de Bajo Calado al astillero Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR), cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias.
Los botes adquiridos cuentan con las siguientes características: eslora de 8.60 m, calado de 0.40 m, manga de 2.40 m, desplazamiento de dos toneladas y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Cada unidad está equipada con dos motores Mercury D 90, posee siete posiciones para el emplazamiento de ametralladoras de mediano calibre y tiene una capacidad máxima de 20 infantes. Este tipo de embarcación es ampliamente utilizada en todo el territorio nacional y también ha sido comercializada a varias marinas de Sudamérica.

Una de las características más importantes de este navío es su blindaje, que se ha venido implementando ante el riesgo de emboscadas por parte de grupos irregulares, quienes atacan desde las orillas a las patrullas de la Infantería de Marina.
La firma de la carta de intención tuvo lugar durante las celebraciones de Colombiamar y fue anunciada al finalizar la feria. El acuerdo, firmado entre el vicealmirante Luis Fernando Márquez, presidente de COTECMAR, y el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la ARC, también incluye el suministro de 18 kits de blindaje de nivel III, capaces de soportar disparos de fusilería, destinados a estas embarcaciones.

Con esta adquisición, se fortalece a la Infantería de Marina colombiana y, sobre todo, se brinda un mayor grado de protección a sus efectivos. No obstante, cabe recordar que existe el bote LPR 40, que ofrece una defensa superior ante ataques, pero cuya construcción ha sido detenida en una controvertida decisión de los mandos.
Estos botes son de gran importancia, ya que las vías fluviales del país son utilizadas para el transporte de carga, personas y mercancías a lo largo de las riberas en todo el territorio nacional. Sin embargo, también son rutas de movilidad para narcotraficantes y otros actores ilegales que generan problemas como la minería ilegal, el tráfico de especies y personas, la pesca y caza irregular, entre otros. La incorporación de estas nuevas embarcaciones contribuirá a fortalecer las capacidades de vigilancia y control en los departamentos más afectados por estos flagelos.
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