El Presidente de la Nación, Javier Milei, dispuso incrementar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pero ¿qué implica que el Gobierno haya tomado esta decisión? A través del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 186/2025, el Presidente determinó una ampliación presupuestaria de $7.366 millones para la SIDE, a cargo de Sergio Neifert. De ese total, $1.625 millones se destinarán a gastos reservados.
Altas fuentes del Gobierno han alegando incluso que el monto necesario sería, en realidad, de 1.000 millones de dólares. Cabe recordar que, el pasado año el Gobierno ya le había asignado $100.000 millones adicionales a la SIDE mediante un DNU, que finalmente fue rechazado por las dos Cámaras del recinto legislativo, generando un fuerte debate en la opinión pública. Desde entonces, el Gobierno recalca la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias para la SIDE, en función de mejorar la lucha contra el crimen organizado y los ciberataques.
Implicancias de la medida: oposición vs oficialismo
Esta nueva medida del Gobierno Nacional puede generar controversias en la esfera pública, considerando los recientes debates en torno al presupuesto que se destina a los organismos de inteligencia. De hecho, ya se han manifestado diversas críticas de los sectores opositores al Gobierno sugiriendo que la falta de transparencia en la gestión y el manejo de los gastos reservados podría facilitar el uso discrecional de los fondos, pasando por alto los mecanismos de accountability horizontal.
En este sentido, han señalado que la medida resulta incongruente con el discurso oficial del Gobierno que mientras clama por la “austeridad” de la gestión de la administración pública y áreas como educación y salud sufren recortes significativos, los recursos para áreas de inteligencia se incrementan.
Ante este escenario, un bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) junto con otros espacios políticos de la oposición han declarado que impugnarán la ampliación presupuestaria para la SIDE, en el Congreso Nacional. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno Nacional argumentan que este incremento presupuestario resulta necesario para modernizar la estructura de inteligencia y mejorar la seguridad nacional. Se estima que una parte de los recursos se destinará al fortalecimiento de la ciberseguridad y al combate contra el crimen organizado.
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