El pasado 12 de marzo, Capital Federal fue escenario de intensas protestas en apoyo a los jubilados y sus pedidos de mejores condiciones jubilatorias, que dejó una sistemática represión por parte de las fuerzas policiales y decenas de ciudadanos heridos y arrestados. La marcha tuvo el respaldo de organizaciones sociales e hinchas de fútbol que se unieron para denunciar estos recortes económicos y la precarización de los servicios de salud de los jubilados.
Según recientes informes, más de 100 personas fueron arrestadas y al menos 46 resultaron heridas, incluyendo el periodista Pablo Grillo quien sufrió un impacto de granada de gas lacrimógeno y se encuentra en estado crítico. Sobre los arrestados, la jueza de lo Penal Karina Andrade ordenó este jueves la liberación de todos los detenidos porque “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.
En este contexto, la respuesta por parte de la policía, dirigida por Patricia Bullrich, incluyó el uso de gas lacrimógeno, camiones hidrantes y balas de goma. El accionar de las fuerzas generaron un amplio repudio en todo el país a través de redes sociales, pero también Buenos Aires se tiñó de cacerolazos en todos los barrios.
Según las declaraciones de la titular de Seguridad Nacional, “los más de cien detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión” gracias a la nueva “Ley Antimafia”. Bullrich declaró en su perfil de X que “se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Vamos a desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda”.
Sin embargo, la jornada del día de ayer evidencia la creciente tensión social en el país. Los reclamos de los jubilados frente al ajuste económico se mantienen con el tiempo, pero cada vez son más los diversos sectores sociales que comienzan a movilizarse para apoyar estos pedidos.
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