Luego de que el Presidente argentino, Javier Milei, haya establecido un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un decreto, la oposición busca denunciarlo penalmente. Diputados de la oposición presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por haber firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en función de oficializar el acuerdo de un nuevo crédito con el FMI.
Según el Gobierno Nacional, el financiamiento será destinado al Tesoro Nacional para cancelar la deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pero el Gobierno omitió el proceso legislativo correspondiente de enviar un proyecto de ley al Congreso para que el tema pueda ser debatido y aprobado o no por los legisladores, quienes representan la voluntad del pueblo en el recinto. El Ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que era necesario obviar este proceso, dada la urgencia del financiamiento. Por ello, se optó por el DNU.
La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) lo había anunciado previamente en un comunicado oficial que declaraba “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
El enojo de la opisición
Esta medida desencadenó que parte de la oposición decidiera iniciar un proceso penal contra el Presidente de la Nación, que en las últimas horas firmó el DNU para el nuevo crédito del FMI. La denuncia alega abuso de autoridad por parte del Presidente, violación de las normas legales y constitucionales y violación de los deberes del funcionario público.
Esto último, debido a que para los diputados de Unión por la Patria (UxP), el DNU viola la “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública” (Nº27.612), sancionada en el año 2021, que determina que los acuerdos con el Fondo deben ser aprobados por el Congreso.
Sin embargo, el DNU será enviado al Congreso de la Nación en el plazo de 10 días, donde la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo debe analizarlo. En caso de que la Comisión no se pronuncie en el plazo estimado, el tratamiento pasa directamente a las Cámaras.
El decreto sólo puede derogarse, en el caso en que ambas Cámaras lo rechacen. Mientras que si una lo rechaza y otra lo aprueba, el decreto continúa vigente y tiene fuerza de ley. No obstante, el Fondo ha declarado que la aprobación del Congreso no será requisito para el desembolso de los fondos acordados. Medida que ha sido fuertemente criticada por la oposición argentina.
Los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo
Los fondos que recibirá la Argentina serán destinados, como se comentó, para cancelar la deuda con el Banco Central, en función de reducir el total de la deuda pública argentina.
Sin embargo, este tema ha abierto un fuerte debate en la opinión pública, enfrentando a figuras y partidos políticos como así también a periodistas y ciudadanos, que difieren en el destino que tendrá el nuevo financiamiento que recibirá el país por 15.000 millones de dólares.
Según las fuentes oficiales del Gobierno, el acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central para consolidar la estabilidad financiera y monetaria, a miras de continuar con el proceso de desinflación que busca la administración de Javier Milei.
Por ello, el Gobierno recalca que esta financiación es para terminar con la inflación argentina, estabilizar al país y reducir la deuda pública. El propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el dinero se utilizará “para pagar vencimientos con el propio FMI y para saldar deuda con el Banco Central”. En este sentido, también aseguró que este financiamiento no aumentará la deuda pública argentina.
El programa tiene un plazo de 10 años, con un período de gracia de aproximadamente 4 años, lo que la administración actual considera un alivio significativo para el país.
La postura de la oposición será clave para determinar el rechazo o no del DNU. Si bien el oficialismo se muestra optimista y no cree tener conflictos vinculados a este tema, el rechazo del DNU por parte de ambas Cámaras frenaría el acuerdo y el Gobierno podría enfrentar problemas judiciales.
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