Este 10 de marzo, el gobierno nacional logró promulgar la Ley Antimafia de la República Argentina, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Así también fue confirmado por Martin Verrier, Secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad.
La norma busca desarticular bandas criminales y endurecer las penas para los miembros de organizaciones delictivas (asociadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, etc). A grandes rasgos, propone hacer frente al fenómeno del crimen organizado, propuesto por el gobierno como una de las principales amenazas a la seguridad nacional.
Alcances y modificaciones de la Ley Antimafia
La Ley Antimafia se oficializó en el Boletín Oficial a través del decreto 177/2025, que promulga la ley 27.786. La norma considera organización criminal a un “grupo de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves.”.
En torno a la investigación, detalla que cualquier tipo de pesquisa que se realice en torno a una organización criminal podrá comprender una o más ciudades, considerando el fenómeno del crimen organizado como uno que no se limita a un área geográficamente limitada. En consonancia, la ley permitirá, bajo ciertas circunstancias, que las autoridades declaren áreas específicas como zonas sujetas a investigación especial. Esto facilitará la intervención de otras unidades a nivel federal o nacional, según corresponda.
Sobre los plazos de detención, se explicita que podrá tener una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término. Esto se dará cuando una investigación sea compleja por el número de hechos, detenidos, víctimas o por ser transnacional.
Asimismo, la Ley modifica el Código Penal incorporando nuevos delitos e introduce nuevos artículos para endurecer las penas: 210 ter y 210 quáter del Capítulo II “Asociación ilícita” del Título VIII “Delitos contra el orden público” del Libro Segundo “De los delitos” del Código Penal. Para quienes participen, cooperen o ayuden en una organización ilícita, las penas variarán entre 8 y 20 años de prisión.
En general, la norma organiza la forma de investigar delitos asociados al crimen organizado y busca endurecer las penas a quienes estén involucrados en los mismos. Introduce criterios clave como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas , con el objetivo de que el Estado cuente con las herramientas para investigar y sancionar estas organizaciones.
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