A lo largo de las últimas semanas, el sistema penitenciario de Argentina ha sido noticia luego del intento de fuga de prisioneros en la Capital Federal (CABA). El acontecimiento llevó a que la justicia porteña emitiera un fallo para ordenar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados y alojados en comisarías y alcaldías de la Capital.
La situación desató una escalada de tensiones entre la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri. Principalmente porque la decisión judicial, que corresponde a un habeas corpus presentado por la Defensoría de la Ciudad, complicó estas negociaciones de transferencia y desató críticas al manejo de la situación penitenciaria.
En una carta dirigida a Macri, Bullrich acusó a su gobierno de “manipular la situación” para forzar una solución que, en sus palabras, pondría en peligro la transferencia de responsabilidades penitenciarias. Para la funcionaria, el SPF tenía “la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, pero la Ciudad, usó el cupo de 90 plazas semanales”.
La respuesta de CABA tensa aún más los problemas a nivel político
En su carta, Bullrich también apuntó contra el impacto económico de esta “crisis carcelaria”, afirmando que más de 6.000 internos de CABA están alojados en cárceles federales representando un costo anual de más de 156 mil millones de pesos. La respuesta por parte del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, no tardó en llegar.
Tapia respondió duramente a Bullrich afirmando que es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local para que la Ciudad asuma las competencias de alojar detenidos nacionales. “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”, remarcó.
El titular de Justicia porteño también destacó que todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia fueron “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”. Asimismo, respondió críticamente a Bullrich por su gestión, remarcando que “la Ciudad ha mostrado su mejor predisposición” y que “no es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal”.
¿Una nueva crisis en Argentina?
Bullrich acusa al gobierno porteño de manejar pésimamente la situación, mientras que Macri sostiene que la administración nacional no cumple con sus compromisos. En general, podría afirmarse que el debate sobre la responsabilidad del manejo de detenidos no parece resolverse en el corto plazo.
Lo cierto es que la situación ha puesto en evidencia las marcadas diferencias entre las administraciones. Mientras tanto, la falta de acuerdos y la claridad en la transferencia de competencias denota un desafío a enfrentar conjuntamente por el nivel político, mientras detenidos siguen intentando fugarse de las cárceles.
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