El Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas de Argentina emitió recientemente un informe para aclarar cuestiones relacionadas con los acontecimientos ocurridos la semana pasada, donde un avión del Reino Unido en las Islas Malvinas se aproximó a vuelos comerciales argentinos. El 14 de enero se detectó, a través de aplicaciones de seguimiento, que un avión Airbus 400M Atlas británico despegó de las Islas Malvinas y tuvo aproximaciones cercanas a vuelos comerciales argentinos, donde el Airbus apagó el transpondedor o comenzó a volar a menor altitud, sin dejar registrado sus siguientes movimientos.
Frente a esta situación, en el informe del EMCO se detalla que el Airbus A400M Atlas no sobrevoló en ningún momento el “espacio aéreo argentino” ni incumplió ninguna norma internacional porque “el Reino Unido posee una zona marítima adyacente a las Islas Malvinas”. Este error garrafal, incluso emitido por un órgano militar, da por sentado que la presencia británica en las Islas es plenamente legal, ignorando la disputa de soberanía argentina que históricamente se posee sobre el territorio insular.
Si bien el Reino Unido puede realizar controles marítimos y aéreos para inspeccionar las licencias de pescas otorgadas en el área, esto no implica bajo ningún punto de vista que el país posee una zona marítima legalmente establecida. En todo caso, utiliza de manera coactiva y sin pleno derecho la utilización del espacio aéreo argentino.
La utilización de estos términos en un informe oficial de la República Argentina desmerece la Cuestión Malvinas e ignora que el Reino Unido realiza operaciones militares y unilaterales en el territorio argentino, como son las Islas. Principalmente porque, de acuerdo a los Tratados de Madrid, el Reino Unido debe informar a la Argentina de movimientos militares en las Islas, aunque hoy en día no cumpliemente con lo pautado y realice despliegues excesivos en el territorio y su espacio aéreo y marítimo, incluso con medios militares con capacidad nuclear.
En este contexto, es menester recordar la declaración conjunta de las Delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 15 de febrero de 1990, presidida por el Embajador Lucio García del Solar, Representante Especial del Gobierno de la Argentina, y la Delegación británica por Sir Crispin Tickell, Representante Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas.
En la misma se acuerda bilateralmente la necesidad de “establecer un Sistema Transitorio de Información y Consultas Recíprocas sobre los movimientos de unidades de sus Fuerzas Armadas en Áreas del Atlántico Sudoccidental”, con el objetivo de “reducir las posibilidades de incidentes y aumentar el conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sur”. Asimismo, implica “establecer un Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes”, “acordar un conjunto de reglas de comportamiento recíproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad” y, por último, “establecer un sistema de intercambio de información”.
En el Anexo II “Medidas de seguridad para Unidades Navales y Aéreas que operen en profundidad” de la mencionada Declaración, también se explicita: no se interferirán o perturbarán en modo alguno los sistemas de comunicación y de detección de unidades de la otra Parte; se procederá a efectuar un rápido intercambio de información cuando se produzcan hechos que generen preocupación a la otra Parte.
Más allá de la legalidad, el Reino Unido ha sabido ignorar los hechos planteados y mantener una constante actitud de unilateralidad en espacios soberanos argentinos que, si bien son conocidos ampliamente por los órganos gubernamentales de nuestro país, hasta el Comando Aeroespacial puede omitir al publicar tal informe.
Te puede interesar: Aviones militares del Reino Unido y vuelos comerciales argentinos ponen en relevancia el espacio aéreo en torno a Malvinas
