Para junio de este año se registraron 122,6 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo. Es cifra incluye a las personas refugiadas bajo el mandato de ACNUR; a las personas palestinas refugiadas bajo el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, en inglés); a los solicitantes de asilo, a las personas desplazadas internas y a otras que necesitan protección internacional.
Esto representa un aumento del 8% en comparación con finales de 2022. El desplazamiento forzoso en todo el mundo hoy alcanza el nivel más alto en los últimos 10 años.
Para evitar generalizaciones erróneas y distorsivas, es pertinente definir el concepto de refugiado: según la Convención de 1951, es una persona que, debido a tempores fundado de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, y/u opiniones políticas; se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o quiere, a causa de dichos temores acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual no puede o no quiere regresar a él.
Para 2023, dos tercios de los refugiados de todo el mundo provenían de 4 países: Afganistán, Siria, Ucrania y Venezuela. Este año esta tendencia se mantuvo in crescendo y además hubo un incremento de los refugiados provenientes de Sudán del Sur dado el conflicto actual en el país. Así mismo, aumentó el número de refugiados originarios de Mali, Burkina Faso y Nigeria por las escaladas de violencia a causa de las insurrecciones armadas. Cabe mencionar los estragos causados a raíz del conflicto en la Franja de Gaza en el Estado de Palestina. A finales del año pasado, 6 millones de palestinos y palestinas se convirtieron en refugiados bajo el mandato de la URNWA.
La mayor parte de los refugiados totales son acogidos en cinco países; Irán, Turquía, Colombia, Alemania y Uganda. Existe una enorme desproporción en la responsabilidad que toman los diferentes Estados frente a esta crisis humanitaria. El 71% del total de los refugiados es acogido en países de bajos y medianos ingresos. En el caso de los países de acogida de bajos ingresos, estos reciben al 18% del total mientras representan el 9% de la población global y solo el 0,6% del PBI mundial, este es el caso de países como Uganda, Chad y Etiopía, entre otros.
¿Qué rol ocupa el Cono Sur en este panorama?
La región representa la recepción de alrededor del 3% de los refugiados totales, con Brasil concentrando más del 80% de esa cifra. Un número reducido, pero significativo y sobre todo, con gran potencial de crecimiento. Argentina hoy acoge a 4.144 refugiados y tiene 6.652 casos pendientes de solicitantes de asilo. A la hora de compararlo con otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, y en relación a la población total y el espacio disponible, Argentina es el que menos refugiados recibe.
Un 80% de los argentinos está de acuerdo con que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en la Argentina, para escapar de la guerra o la persecución. El dato surge del estudio “Actitudes globales hacia los refugiados”. Este índice intenta reflejar la apertura de las comunidades con las personas refugiadas. Los argentinos resultaron estar entre las poblaciones más amigables con los refugiados.
En 2020 Juan Murillo Gonzalez, delegado para América del Sur de ACNUR comentaba que “Argentina tiene el marco normativo más avanzado en la protección de refugiados de toda la región”, “siempre ha sido líder regional en la materia, con altos estándares de derechos humanos, y se ha caracterizado por la adopción de políticas públicas de protección, la aplicación de la definición regional de refugiado, la implementación de programas de reasentamiento y vías complementarias como el denominado Programa Siria y el patrocinio comunitario”. El programa que menciona, fue una iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner en 2014 y uno de los pocos casos en el mundo en el que se permitió que personas particulares y organizaciones “llamantes” apoyen directamente la llegada e integración de personas refugiadas al país. Fue una respuesta concreta a la grave crisis humanitaria que por ese entonces, azotaba y sigue azotando a la población civil en Siria. Mediante este programa ingresaron al país 461 personas refugiadas entre 2014 y enero de 2024. En julio de este año, el gobierno de Javier Milei derogó la disposición que creaba esta iniciativa. A su vez, el Poder Ejecutivo, a través de un nuevo DNU, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, agregando nuevas condiciones para tal reconocimiento y nuevas razones para el cese del mismo.
En este contexto de desplazamientos forzosos sin precedentes, las decisiones de los diferentes Estados en sus ámbitos de competencias son clave para reducir el sufrimiento de millones de personas atravesadas por la crisis. En este marco, el reciente voto de la delegación argentina en la ONU contra la elaboración de un informe sobre la posibilidad de establecer una nueva zona libre de armas nucleares en Medio Oriente genera preocupación. Esta región, que ya es una de las principales fuentes de refugiados en el mundo, como palestinos y sirios, sigue atrapada en dinámicas de violencia y desplazamiento. Una iniciativa de desarme podría haber contribuido a reducir tensiones y evitar nuevos desplazamientos forzados, reforzando los valores de la no proliferación y la estabilidad que Argentina históricamente ha defendido.
De igual modo, el rechazo al levantamiento del bloqueo estadounidense a Cuba implica desconocer el impacto de estas medidas en la vida de miles de personas que se ven obligadas a emigrar debido a la precarización de sus condiciones de vida. Este tipo de posturas aleja a Argentina de una tradición diplomática que priorizó la solidaridad con los pueblos y el respeto por los derechos humanos. En un momento donde las cifras de desplazamiento forzado alcanzan niveles históricos, decisiones como estas desdibujan el rol del país como defensor de las causas humanitarias y la cooperación internacional.
Pese a un panorama que parece dar pasos hacia atrás en una materia en que históricamente Argentina despliega una performance ejemplar, pueden rescatarse actos positivos. El pasado 20 de septiembre entró en vigor el Régimen Especial de Regularización Migratoria para refugiados y migrantes de Venezuela, esta normativa flexibiliza los requisitos de documentación y simplifica la acreditación del ingreso.
“Argentina ha dado un paso crucial al reconocer los desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, muchas de las cuales carecen de documentos válidos”, afirmó el Dr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
En un contexto internacional de conflicto latente y creciente, es pertinente que los marcos normativos de acogida sean lo suficientemente robustos para dar respuesta a una crisis humanitaria sin precedentes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
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