La ofensiva mediática y legal de China contra Taiwán

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Las maniobras militares que China ejerce en las inmediaciones de la isla de Formosa no es la única manera de ejercer su poder e intimidar la pequeña nación. También, existe una ofensiva mediática y legal que China ejerce contra Taiwán, una campaña para dañar y deslegitimar al gobierno taiwanés que muchas veces pasa por desapercibida.

El ingreso de China al sistema internacional

La guerra legal que lleva a cabo China es una estrategia silenciosa que intenta asfixiar gradualmente la capacidad de Taiwán para funcionar como una entidad autónoma y autogobernada. Un conflicto en el estrecho de Taiwán podría desencadenar una guerra regional o incluso entre superpotencias, que generaría un impacto económico global estimado en 10 billones de dólares, pero la palabra “Taiwán” sigue siendo tabú en la Organización de Naciones Unidas.

En 1971, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2758, otorgando a la República Popular China el lugar como representante legítimo de China en la ONU. Desde 1945 hasta 1971, la República de China, actualmente conocida como Taiwán, ocupó ese asiento, incluyendo el del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuando el presidente estadounidense Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger visitaron China en 1972, Mao mencionó que podía esperar cien años para resolver la cuestión de Taiwán. El actual presidente chino, Xi Jinping, parece mucho menos dispuesto a esperar hasta 2072. Aspira a la “reunificación” de Taiwán mientras esté en el poder, y estaría dispuesto a recurrir a medios militares para lograrlo, aunque esto conlleve el riesgo de un conflicto con Estados Unidos.

Influencia china al interior de la ONU

Desde 1971, China ha aprovechado su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU y su influencia creciente en diversas agencias de la ONU para imponer su interpretación de la resolución, que según Beijing, le niega a Taiwán el derecho a participar en organizaciones internacionales, reduciéndolo a una provincia de China.

China ha logrado promover su versión del principio de “Una China” al reinterpretar la resolución como si avalara su soberanía sobre Taiwán. Bajo esta interpretación, Beijing se sirve de excusa para bloquear cualquier contacto entre las agencias de la ONU y representantes taiwaneses. Esto genera situaciones absurdas, como prohibir el ingreso de niños taiwaneses a las instalaciones de la ONU y restringir la participación de representantes laborales taiwaneses en conferencias de la Organización Internacional del Trabajo.

También tiene graves implicaciones en el mundo real. La exclusión de especialistas taiwaneses de la OMS impidió el intercambio de información al inicio de la pandemia de COVID-19, cuando Taiwán implementó una de las estrategias más efectivas contra la propagación del virus, comenzando con la inspección de viajeros desde Wuhan en diciembre de 2019.

La parte más peligrosa de la campaña de lawfare de Beijing en organismos internacionales es la narrativa de que el tema de Taiwán es un asunto interno chino. Así, cualquier acción militar para someter a Taiwán se consideraría como un derecho soberano de China. Si Beijing logra imponer esta interpretación, también podría argumentar que cualquier esfuerzo de Estados Unidos u otros aliados para disuadir tal acción es ilegal.

¿Está despierto Occidente?

Durante mucho tiempo, los esfuerzos legales de China parecían pasar desapercibidos para los aliados de Taiwán. Esto parece estar cambiando. Washington se opone a los intentos de Beijing de redefinir la Resolución 2758, y la administración Biden ha comenzado a contrarrestarlos. En agosto, el Senado australiano aprobó una moción que establecía que la Resolución 2758 no afecta el estatus de Taiwán ni valida las reclamaciones de China sobre la isla. Poco después, el Parlamento holandés aprobó una propuesta similar. Aunque estas resoluciones no son vinculantes, sientan una base importante para desafiar la interpretación china.

Estas acciones indican que el mundo democrático está comenzando a reconocer el peligro de permitir que China modifique el derecho internacional a su favor. Durante demasiado tiempo, China ha utilizado su poder en la ONU para bloquear la representación de Taiwán y justificar su presión sobre la isla.

Si los aliados de Taiwán quieren prevenir un conflicto militar, deben mostrar su disposición a enfrentar la agresión legal de Beijing. Los legisladores de otros países deberían seguir el ejemplo de sus homólogos holandeses y australianos.

Los aliados de Taiwán deben exponer cómo China utiliza su influencia económica en organizaciones multilaterales para promover su agenda. Podrían empezar exigiendo que todos los acuerdos firmados entre organismos de la ONU y China se hagan públicos. Hay evidencia de que China usa acuerdos de financiación de la ONU para fomentar el aislamiento de Taiwán. La ONU debería hacer visible toda la red de influencia legal china para que todos puedan verla.

La oposición a la estrategia de guerra legal china es crucial para que las democracias hagan frente a la intimidación china. China emplea su poder económico para forzar a los países a aceptar su visión sobre Taiwán. La interpretación del principio de “Una China” aparece incluso en acuerdos con gobiernos, universidades y empresas privadas.

The Asahi Shimbun/Getty Images

Esto puede tener éxito si los países desconocen la campaña sistemática de la que son parte, pero resulta mucho menos eficaz si las naciones democráticas presentan un frente común. Estados Unidos, la Unión Europea y las democracias del Pacífico (como Japón, Australia y Corea del Sur) deberían dejar claro que no permitirán que China modifique el status quo de Taiwán mediante la fuerza. Asimismo, deberían trabajar juntos para ayudar a los países del sur global a enfrentar la coerción china, tanto en la ONU como en negociaciones bilaterales.

Si la interpretación errónea del derecho internacional por parte de China no es cuestionada en la ONU y otros foros, aumenta el riesgo de un error de cálculo en el estrecho de Taiwán, lo cual sería devastador no solo para los 23 millones de habitantes taiwaneses, sino también para la estabilidad global.

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Equipo de redacción de El Estratégico

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