Recientemente, la empresa petrolera Rockhopper, que opera en la cuenca norte de Malvinas, confirmó la extensión de sus licencias de producción, otorgadas por el Reino Unido. Según lo comunicado por la empresa, “tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno («FIG»), el FIG ha acordado ampliar todas las licencias de producción de petróleo de la empresa en las cuencas norte y sur de las Falklands, de modo que las licencias se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026”.
El papel que el Reino Unido cumple en esta ecuación es sencillo: otorgar las licencias de producción a diversas empresas para poder explorar y explotar recursos naturales en el territorio terrestre y marítimo. El proceso de licenciamiento en general es gestionado por autoridades británicas, siendo el gobierno ocupante el que está a cargo de la administración de las Islas Malvinas.
En este sentido, la explotación de recursos naturales y energéticos como el petróleo o el gas se ha convertido en un aspecto clave en la economía de las islas. No obstante, la administración de estos recursos entra en disidencia con la postura de reclamación de soberanía legítima por parte de Argentina.
Cabe resaltar que la extracción de recursos energéticos es mucho más amplia que solo una actividad económica. La explotación de petróleo y gas bajo administración británica es considerado un acto de usurpación para la Argentina, ya que el proceso implica reconocer que el Reino Unido es el poseedor del territorio y el encargado de la producción.
Este contexto propicia que Rockhopper continúe siendo uno de los actores principales en la exploración y explotación petrolera en Malvinas. Y si bien para el gobierno británico es una oportunidad prometedora para la industria en la región, aumentando la inversión, la ampliación de las licencias de producción hasta 2026 solo refuerza el rol del Reino Unido como país ocupante que administra los recursos de Malvinas ilegalmente.
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