En sesión de la comisión de asuntos constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Sala Bicameral del Congreso de la República de Paraguay comparecieron el ministro de Defensa Nacional, General (R) Óscar González junto al comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, General Julio Fullaondo para explicar los alcances de una futura ley de derribo de aeronaves, la adquisición de los aviones Súper Tucano y la adquisición de radares.
El punto más fuerte de la sesión fue el debate de una ley de derribo de aeronaves, donde varios senadores y diputados entre oficialistas y opositores estuvieron a favor de esta nueva ley. Desde el Ejecutivo, el ministro González fue claro que no es necesaria una nueva ley, sino que seguir con la actual ley N° 6.980 “De Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo”, sancionada en el año 2022.
“Con esta ley vigente, la Fuerza Aérea Paraguaya está en condiciones de proteger el espacio aéreo; tenemos el dictamen que es suficiente. Desde el Consejo de Defensa Nacional tenemos el plan determinado, están previstas las inversiones para que respondan tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. La postura del Ministerio de Defensa es no a la ley de derribo, con la ley 6.980 estamos en condición de cumplir nuestra misión”, expresó el ministro González al pleno de la Bicameral.
El artículo 11 de la ley N° 6.980, expresa claramente el actuar que debe tener la Fuerza Aérea Paraguay con respecto al uso de la fuerza: “La prohibición del uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza en contra de aeronaves civiles en servicio, excepto en casos de legítima defensa no excluye el ejercicio de la función de las fuerzas del orden en operativos realizados en tierra, dirigidos a la tripulación de la aeronave o su cargamento durante los períodos de “en vuelo” o “en servicio”. Ninguna disposición de la presente ley ni limitará ni prohibirá a las fuerzas del orden exigir que la tripulación se entregue después del aterrizaje de una aeronave razonablemente sospechosa de estar dedicándose al tráfico ilícito de drogas o cualquier otro tipo de tráfico ilícito. Ninguna disposición de la presente ley limitará a las fuerzas del orden el registro o la incautación de dicha aeronave y/o su cargamento. La presente ley tampoco les prohíbe el uso de la fuerza letal contra una aeronave, si están en peligro ante la resistencia armada por parte de la tripulación”.
Además, el General Fullaondo, fue claro al responder que la Fuerza Aérea Paraguaya tiene la facultad de derribar aeronaves en caso de que se vean comprometidos efectivos militares como población civil; previa autorización de la comandancia. También remarcó la fluidez de la comunicación que se tienen con la autoridad civil, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) como con la prefectura de los países limítrofes: Brasil, Argentina y Bolivia.
Por parte del presidente de la comisión bicameral, el senador Javier Zacarías Irún; este solicitó a los demás legisladores la reglamentación pronta de la ley N° 6.980, para facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Negociaciones por radares
Con respecto a la compra de radares para uso militar, el ministro González aclaró que se está avanzando en este proceso.
“Estimamos que los radares estaríamos finiquitando la parte documental a fines de este año para que posteriormente se hable de datos concretos, hasta este momento forma parte de las negociaciones y dotar a las Fuerzas Armadas en lo que se necesita. No queremos que se invierta el dinero en forma innecesaria”, remarcó el jefe de la cartera de Defensa Nacional del Paraguay.
La oferta de la empresa argentina INVAP corre con ventaja ante las demás ofertas que se ofrecieron a Paraguay para la radarización de todo el espacio aéreo según lo estipula la ley promulgada el año pasado N° 7.151 “Que implementa la obligatoriedad de adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares con alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional”.
Firma con Embraer
La adquisición de los seis aviones Súper Tucano por parte de la Fuerza Aérea Paraguaya se hizo realidad el pasado mes de julio con la firma del contrato en Asunción por ambas partes involucradas.
El General Fullaondo, aclaró que se realizó el pago del 5% del contrato total con Embraer, de un total de USD 96 millones. Este porcentaje salió del presupuesto que contaba la FAP para el presente año, el resto del dinero saldrá de un préstamo bancario que maneja directamente el Ministerio de Economía y Finanzas del país. Las aeronaves están previstas que arriben el 25 de mayo del 2025 y llevarán la numeración desde el 1101 al 1106.
Respecto al anuncio que realizó el presidente de la República, Santiago Peña, sobre la inversión de USD 500 millones en seguridad; el ministro González aclaró: “Este primer anuncio de 96 millones de dólares ya forma parte de los 500 millones de dólares que va a invertir el Estado en los próximos años, las próximas serán para fortalecer al Ejército y a la Armada”.
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