La incautación del mayor secuestro de cocaína registrado en Paraguay la semana pasada puede ser leído en clave de cambios y continuidades en la política anti narco del actual gobierno.
Operativo Dulzura en Paraguay
El hallazgo de más de 4 toneladas de esa droga escondidos en bolsas de azúcar, denominado como “Operativo dulzura”, fue el resultado del esfuerzo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Fiscalía.
De esta manera, la administración del presidente Santiago Peña respaldo los nuevos controles implementados por los funcionarios del área antidrogas calificándolos de “exitosos” y, a su vez, resalto los escasos o nulos esfuerzos llevados adelante por la anterior administración en materia de incautaciones.
Más allá del éxito de la operación, es pertinente preguntarse si esto puede ser interpretado como un verdadero punto de inflexión a las fallidas políticas antinarcóticos implementadas en el Paraguay a través de los años.
En efecto, durante la última década, organizaciones criminales como el Primer Comando Capital y el comando Vermelho convirtieron al país en el principal centro de acopio y distribución de cocaína proveniente de Bolivia y Perú con destino a puertos de Europa y Medio Oriente.
Esto se debió principalmente a la ausencia de controles aéreos radarizados que permitieron el ingreso de importantes cargamentos de drogas al país para su posterior traslado a los puertos de Brasil y demás mercados a través de la hidrovía.
Por otro lado, se debe puntualizar el hecho de que la droga incautada fue producto de una revisión de rutina donde un camionero que venía de dejar una carga en el puerto de Caacupemí fue detenido por no tener la patente puesta en el lugar indicado.
Esto fue lo que llevo a indagar más sobre la carga que terminó convirtiéndose en el mayor hallazgo histórico de cocaína incautada antes de que fuera trasladada por la hidrovía con rumbo al puerto de Amberes en Bélgica.
Antecedentes del Operativo Dulzura
Conviene subrayar que durante los últimos tres años se procedió a decomisar 50 toneladas de cocaína en diferentes puertos de Europa y Oceanía. Todos estos embarques de droga tuvieron a la hidrovía Paraguay-Paraná como ruta de traslado hacia el océano Atlántico. Por lo tanto, el éxito de las políticas antinarcóticos yace en evitar que las drogas salgan del Paraguay antes de que sean incautadas en los puertos de Europa generando un costo político difícil de solventar.
Sumado a esto, el creciente número de decomisos de droga no solo debe ser analizado en relación al aumento en el número de operativos de control, sino también por el crecimiento exponencial de la producción de cocaína a niveles record que viene tomando lugar durante los últimos tiempos posibilitando, a su vez, la apertura de nuevos y lucrativos mercados de exportación.
Por último, la exitosa expansión del Primer Comando Capital en Paraguay se ha traducido en el control efectivo sobre varias de las rutas y corredores de tráfico de cocaína hacia Europa a través de una eficaz cadena de distribución logística a nivel regional. De hecho, la extensa red logística aérea que posee el PCC le ha permitido abastecer de cocaína a las organizaciones criminales locales de los países vecinos que actúan como intermediarios ante la ausencia de controles adecuados a manos de las fuerzas de seguridad.
En conclusión, las actuales medidas implementadas a través de los distintos controles y operativos antinarcóticos que dieron con la mayor carga de cocaína incautada en el país, sí deben ser celebradas, aunque el camino a recorrer es largo. Al mismo tiempo, el reconocimiento por parte de las autoridades oficiales de la necesidad imperiosa de adquirir capacidades estatales a través de la compra de radares e inversión en las zonas de frontera para combatir a la criminalidad organizada, también significa un paso en la dirección correcta.
Por lo tanto, las políticas antinarcóticos del actual gobierno pueden ser vistas como una voluntad real de querer transparentar la lucha contra el narcotráfico por medio de medidas de control efectivas o como una mera continuación de aquellas políticas que no terminan de dar cuenta del verdadero peligro que representa el crimen organizado para el país y la región en su conjunto. Por ahora, la mayoría de los análisis se caracterizan por un alto grado de escepticismo y tienden a optar por la segunda opción.
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