La visita de Escenario Mundial y Zona Militar a Ucrania contó con una completa agenda de actividades, permitiéndonos tomar contacto con diversos actores. En una de estas ocasiones, tuvimos la oportunidad de conocer a quienes luchan, no con armas convencionales como fusiles, drones o misiles, sino valiéndose de sus propias herramientas: la captura de imágenes, testimonios y documentos.
En este marco de intercambios, pudimos conocer el trabajo de Truth Hounds y Lemkin Society, dos organizaciones dedicadas a documentar y presentar pruebas de los crímenes que Rusia está cometiendo contra Ucrania. Desde estas organizaciones se ha iniciado un proceso, impulsado desde el ámbito gubernamental y particular, para exponer como las fuerzas rusas están llevando a cabo un genocidio contra el pueblo ucraniano, afectando no solo a su población, sino también a su cultura.
Truth Hounds es una organización internacional que se especializa en la documentación de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto. Su equipo, integrado por expertos en derechos humanos, periodistas y analistas de seguridad, se dedica a recopilar evidencias en el terreno, proporcionando informes detallados que pueden ser utilizados en procesos judiciales internacionales.
Por su parte, la Lemkin Society, fundada en honor al jurista Raphael Lemkin, quien acuñó el término “genocidio”, trabaja en la prevención y persecución del genocidio y otros crímenes atroces. Estas ONG están tratando de sistematizar y documentar toda esta información de una manera que sirva para construir y probar casos que puedan llevarse a tribunales con posibilidades reales de condenar a personas concretas, con nombre y apellido. Es una labor que también está llevando adelante la oficina del Procurador General de Ucrania. Ante la cantidad de crímenes que están cometiendo las fuerzas rusas, todas las manos posibles son necesarias en esta titánica tarea.
Este no fue un viaje en solitario, ya que para la ocasión se conformó una gran delegación integrada por reconocidos actores de todos los rubros, incluyendo a la escritora María Rosa Lojo, a la periodista y escritora Hinde Pomeraniec, y al periodista chileno James Gatica Matheson. La comitiva también contó con la presencia de Ignacio de Casas, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y una eminencia en el tema de Derecho Internacional, con quien compartí algunas charlas que fueron muy enriquecedoras para este escrito.
Abordando el conflicto y sus consecuencias desde la perspectiva legal, Ignacio me explicó que, a nivel de Derecho Internacional, existen dos niveles de delitos: aquellos que son responsabilidad del Estado y los que son responsabilidad de personas individuales.
“El genocidio es uno de los crímenes más graves reconocidos por el Derecho Internacional y puede ser cometido tanto por un Estado como por individuos en posiciones de poder, tales como jefes de Estado o jefes militares”, comentó Ignacio.
También me explicó que, a nivel jurisdiccional, hay dos vías principales para procesar estos crímenes. Por el lado de la responsabilidad estatal, esta se juzga en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por otro lado, la responsabilidad individual, se procesa en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, hay una complicación adicional: Rusia no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI. Esto significa que la Corte Penal Internacional tiene limitaciones para juzgar a individuos rusos por crímenes de genocidio. En cambio, la Convención contra el Genocidio permite que los Estados presenten demandas contra otros Estados ante la CIJ. En el marco de esta convención es que Ucrania ha presentado una demanda contra Rusia.
Estos procesos son complejos y requieren una gran cantidad de pruebas y testimonios, que organizaciones como Truth Hounds y Lemkin Society están recopilando meticulosamente. Estas pruebas no solo son vitales para los tribunales, sino que también ayudan a crear una memoria histórica de los crímenes cometidos.
Genocidio vs Genocidio
En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, no es la primera vez que se habla de genocidio. Desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin justificó la intervención militar rusa en Ucrania haciendo referencia a evitar un supuesto “genocidio” de la población rusoparlante en el Donbass, región al oriente de Ucrania con alta presencia prorrusa, riquezas minerales y marcada por años de conflicto tras la invasión rusa del 2014.
La situación en el este de Ucrania, particularmente en las regiones de Donetsk y Lugansk, ha sido compleja desde la huida del presidente prorruso Víktor Yanukóvich en 2014, seguida de la declaración unilateral de independencia por parte de estas regiones y el inicio de una guerra civil. En este contexto, el gobierno ucraniano ha enfrentado acusaciones de persecución hacia la población rusófona, exacerbadas por políticas lingüísticas que promueven el uso predominante del ucraniano sobre el ruso.
En enero de 2017, un proyecto de ley propuesto en la Rada Suprema de Ucrania para establecer el ucraniano como lengua vehicular generó críticas en Rusia, que lo consideró un intento de suprimir la lengua rusa en el país. Estos eventos han contribuido a la retórica de victimización por parte de Rusia, utilizando el término “genocidio” para justificar su intervención militar.
El 10 de diciembre de 2021, Vladímir Putin hizo referencia explícita a la situación en el Donbass como una reminiscencia de un genocidio, subrayando la percepción rusa de una crisis humanitaria en la región. Esta retórica se intensificó justo antes de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022, cuando Putin justificó las “operaciones militares especiales” como un deber de proteger a los rusos étnicos y rusófonos del supuesto genocidio.
Las acusaciones de genocidio en el Donbass por parte de Rusia han sido una razón clave argüida para justificar la invasión. No existiendo evidencia que sustentara las afirmaciones rusas, varios académicos han señalado que estas acusaciones son más bien un intento de “acusación en el espejo”, destinado a justificar acciones agresivas contra Ucrania. En respuesta, Ucrania presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, refutando estas acusaciones y solicitando la suspensión inmediata de las acciones militares rusas. El proceso aún está pendiente y Rusia no ha cumplido con las medidas provisionales de cese al fuego dictadas por la CIJ.
La guerra silenciosa
Volviendo a Kiev, y en particular al trabajo de Lemkin, desde la organización nos explicaron que en la actualidad, a casi dos años y medio (y empezando desde antes) del inicio de la invasión rusa a Ucrania, existe una intención genocida por parte de Moscú. Esta estrategia legal busca utilizar la documentación de los ataques a la cultura ucraniana como prueba de esta intención genocida. Más de 1,080 objetos culturales han sido dañados o destruidos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, incluyendo museos, galerías de arte y lugares históricos significativos.
El informe de Lemkin proporciona estadísticas impactantes que amplían este argumento. Entre ellas se destaca que 131 bibliotecas fueron destruidas y otras 746 resultaron dañadas por las fuerzas armadas rusas desde febrero de 2022 hasta junio de 2024. Se estima que se perdieron más de 187 millones de ejemplares de colecciones bibliotecarias debido a estos ataques. Estos actos no solo constituyen una pérdida cultural irreparable, sino que también se consideran evidencia de genocidio cultural, ya que apuntan directamente a borrar la identidad nacional ucraniana.
Casos emblemáticos como el ataque con misiles a la Casa Tarnovskyi del Museo de Antigüedades Ucranianas en Jersón, el saqueo de museos y la destrucción del Museo Nacional de Hryhorii Skovoroda subrayan la magnitud de estos crímenes contra la cultura ucraniana. Además, el impacto humano es devastador, con figuras culturales ucranianas asesinadas y la transferencia forzosa de más de 700,000 niños ucranianos a Rusia, según Lemkim Society, lo cual agrava aún más la situación humanitaria.
La necesidad de justicia
Comprobar un genocidio es una tarea que presenta muchos desafíos. A nivel internacional, hay pocos casos exitosos. Por ejemplo, el genocidio en Ruanda en 1994 y en Bosnia en la década de 1990 son algunos de los ejemplos más notorios que han sido reconocidos como tal por la comunidad internacional. Estos casos requirieron un extenso proceso de recolección de pruebas y testimonios para establecer la intención específica de destruir grupos étnicos.
En contraste, es “más fácil” demostrar un crimen de guerra, ya que los crímenes de guerra son violaciones directas y documentables de los Convenios de Ginebra. Por ejemplo, los ataques deliberados contra civiles, el trato inhumano de prisioneros de guerra y el saqueo de bienes civiles son crímenes de guerra bien definidos que pueden ser probados con evidencia concreta y testimonios.
Organizaciones como Lemkin Society tienen como misión la construcción de casos sólidos que puedan ser llevados ante tribunales nacionales e internacionales.
Ignacio de Casas me explicó que el genocidio implica una conducta destinada a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Este crimen tiene una dificultad particular desde el punto de vista probatorio, ya que implica demostrar la intención específica de destruir al grupo “como tal”. En el contexto del conflicto en Ucrania, estas organizaciones afirman que se “están cometiendo crímenes atroces contra personas simplemente por ser ucranianas”.
Ignacio también afirmó que para que estos crímenes sean juzgados, se necesita “paciencia”, y es crucial “trabajar para el futuro”. Esto implica documentar meticulosamente cada incidente y recopilar pruebas a lo largo del tiempo, con la esperanza de que eventualmente se puedan llevar casos sólidos a juicio.
Otro punto clave es dónde se podrán juzgar estos crímenes de guerra y genocidio. Según explicó De Casas, hay dos tipos principales de actores involucrados en el proceso de armado de casos: el Procurador General de Ucrania y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).
Así mismo, Ignacio me detalló que existen varias posibilidades de jurisdicción para llevar a cabo los juicios por crímenes de guerra y genocidio relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, los casos podrían ser llevados ante los tribunales domésticos en Ucrania, donde el Procurador General buscará responsabilizar a los perpetradores dentro del sistema legal nacional. Además, la Corte Penal Internacional (CPI) representa otro foro significativo, habiendo iniciado una investigación general sobre los crímenes cometidos en este contexto, lo que incluye la posibilidad de procesar crímenes de guerra y genocidio. El Fiscal de la CPI puede recibir información y colaboración, tanto del Procurador General de Ucrania como de organizaciones no gubernamentales y víctimas individuales.
Otra opción es la aplicación del principio de jurisdicción universal, presente en algunos países como Argentina, que permite abrir procesos penales por crímenes graves cometidos en cualquier parte del mundo, siempre que exista un vínculo suficiente con el país. Estos procesos, sin embargo, pueden ser complejos en términos diplomáticos debido a las implicaciones de soberanía nacional y las relaciones internacionales sensibles involucradas.
En medio del conflicto en Ucrania, la labor de organizaciones emerge como crucial en la documentación y denuncia de los crímenes de guerra y el genocidio perpetrados por Rusia. A través de la recopilación meticulosa de evidencias, estas organizaciones no solo buscan establecer la responsabilidad legal de los perpetradores, sino también preservar la memoria histórica de los ataques sistemáticos contra la cultura y el pueblo ucraniano.
En términos legales, el desafío reside en demostrar la intención específica de destruir un grupo étnico o cultural, requisito fundamental para el reconocimiento de genocidio. A pesar de las dificultades, la comunidad internacional y las instancias judiciales están empezando a investigar estos crímenes con seriedad.
En última instancia, el camino hacia la justicia y la reparación para Ucrania será largo y arduo. Requiere no solo la perseverancia de las organizaciones documentales y los defensores de los derechos humanos, sino también el compromiso continuo de la comunidad internacional en la demanda de justicia. Ucrania busca transformar la guerra silenciosa en un eco global, en búsqueda de rendición de cuentas, asegurando que los crímenes contra el pueblo ucraniano no queden impunes.
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