Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, la presencia de grupos armados en Colombia ha aumentado su presencia en la disputa y control territorial en los últimos 4 años, impactando en los derechos humanos de la población civil.
En el informe Panorama Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría ha revelado que la presencia en el territorio de las “Autodefensas Gaitanistas” pasó de 213 municipios en 2019 a 392 en el 2023; la del Ejército de Liberación Nacional, de 149 a 232; la del “Estado Mayor Central” y la “Segunda Marquetalia” de 124, a 299, y la de los grupos de crimen organizado, de 114 a 184.
Financiamiento y tácticas de los grupos armados
En estas zonas, muchas veces estos grupos armados tienen una presencia simultánea, lo cual lleva a que se disputen el territorio, aunque también es común la conformación de alianzas para la consolidación de su hegemonía.
Según indica el informe de la Defensoría del Pueblo, las fuentes de financiamiento de estos grupos incluyen el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. También incluye la extorsión en las actividades económicas, el secuestro, la deforestación y la explotación de los recursos naturales, e incluso el tráfico de migrantes.
Las acciones identificadas por la Defensoría incluyen amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, regulaciones a la movilidad y enfrentamientos con interposición de la sociedad civil.
Con base en las alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de cinco mil recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a las entidades nacionales y territoriales, con el fin de que se tomen acciones para mitigar y superar los escenarios de riesgo.
Baja presencia del Estado
Sin embargo, destacan una falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional, señalando que “hemos registrado un 55 % de bajo cumplimiento de las alertas tempranas, 21 % de cumplimiento medio y apenas en un 1 % de cumplimiento alto, en los 223 Informes de Seguimiento emitidos”.
Debido a esto, una de las principales preocupaciones es que los grupos armados ya hayan permeado los municipios locales, afectando los procesos electorales y otras formas de organización social de las entidades estatales.
Además, señala que “algunas formas de control social están dadas mediante la imposición de normas, carnetización para entrar a ciertos territorios e identificación de los residentes mediante un documento que deben expedir las JAC o los consejos comunitarios“.
Al respecto, la Defensoría señala que “Cuando el Estado retrocede un paso, los grupos armados ilegales avanzan dos. Las políticas de seguridad, de atención a la población vulnerable, de satisfacción de
necesidades básicas, deben ser implementadas de manera irrestricta e ininterrumpida. Cualquier ausencia del Estado es tomada por los grupos armados ilegales, como la oportunidad para abarcar más territorio“.
Desde 2017 se han emitido 311 alertas en 427 municipios y 22 áreas no municipalizadas en 32 departamentos, con más de 5 mil recomendaciones para mitigar y superar escenarios advertidos. En lo que va de este año, se han emitido 12 alertas tempranas focalizadas para 17 departamentos, 89 municipios y 15 áreas no municipalizadas.
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Fuente: El Tiempo
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