La semana pasada, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría luego de arduos meses de negociaciones y debate en las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
De esta manera, el proyecto, que originalmente contaba con 664 artículos en su formato original, fue reducido a 232 artículos, una versión mucho más acotada que este lunes 29 de abril comenzó a ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados.
Entonces, ¿cuáles son los temas más importantes?
Privatizaciones
Tal como informó este medio, las empresas que quedaron sujetas a privatización son Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, e Intercargo SAU.
Por otro lado, se propuso un sistema de concesión al sector privado de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Además, la empresa NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) serán declaradas “sujetas a privatización” en la que el Estado Nacional mantendrá el control y/o participación mayoritaria en el capital social. Asimismo, el Estado Nacional se reserva el derecho a controlar las decisiones más importantes, necesitándose el voto afirmativo del mismo para proyectos de gran envergadura.
Empleo Público
Dentro del Capítulo IV del proyecto de ley, una de las cuestiones más resonantes con respecto al empleo público es que se establece que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento.
Este punto puso al gobierno de Javier Milei frente a frente con la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes manifestaron su oposición de manera pública y convocaron a un segundo paro general este 1 de mayo.
Además, el capítulo dispone que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará el sueldo proporcionalmente a las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.
Sumado a ello, aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses, para luego ser desvinculados de la Administración Pública Nacional en caso de no conseguir otro puesto.
Cabe destacar que en el proyecto de ley original, se contemplaba que a participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido.
Promoción del empleo registrado
El Título IV, que trata la promoción del empleo registrado en el sector privado, permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo.
Además, los aquellos que lo hagan quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
Modernización Laboral
La nueva versión, que actualmente está siendo tratada en el Congreso de la Nación, contempla un nuevo esquema de los periodos de prueba, así como la creación de un fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
Dicho esto, mientras que los periodos de prueba actuales son de 3 meses, el proyecto de Ley Ómnibus extiende a 6 meses para aquellas empresas de más de 100 trabajadores, a 8 meses para Pymes de 6 a 99 trabajadores, y a un año (12 meses) para mini-pymes de hasta 5 trabajadores.
Además, solamente se podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez, siendo la utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador pasible de sanciones.
En un nuevo intento de aprobar el principal paquete de reformas del gobierno libertario de Javier Milei, se espera que la acalorada sesión en el recinto de la Cámara de Diputados dure aproximadamente 48 horas.
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