En una decisión histórica, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina atribuyó la responsabilidad del atentado a la AMIA en 1994 a Irán, declarándolo como un “Estado terrorista” y autor de un delito de lesa humanidad.
Tal como informó Clarín, según la sentencia de la Sala II de la Casación, tanto el ataque a la embajada de Israel en 1992 como el bombazo a la sede de la mutual judía dos años después respondieron a una “decisión política y estratégica” de la República Islámica de Irán, ejecutados por el grupo Hezbolá bajo su “inspiración, organización, planificación y financiamiento”.
Esta calificación jurídica reviste enormes implicancias a nivel internacional, ya que convierte al atentado en un crimen imprescriptible que puede ser juzgado en cualquier parte del mundo bajo el principio de “jurisdicción universal”. Esto abre la puerta para que las víctimas y damnificados puedan reclamar reparaciones ante tribunales internacionales.
“La responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material”, explicaron los jueces Carlos Mahiques, Alejandra Magdalena Láccese y Alejandro David Barroetaveña en su fallo.
La sentencia abona la teoría de que Irán orquestó los ataques en represalia por la decisión unilateral del gobierno de Carlos Menem de cancelar acuerdos de provisión de material y tecnología nuclear con Teherán, luego del alineamiento de Argentina con Estados Unidos en la primera Guerra del Golfo.
En este contexto, el fallo tendrá repercusiones a nivel global, ya que en los últimos meses tanto Washington como Tel Aviv han apuntado a la responsabilidad iraní en diversas amenazas y actos terroristas, incluyendo los ataques de Hamas en Gaza.
La Casación Federal también exhortó a avanzar con mayor celeridad en las causas conexas aún pendientes, y a que los poderes Ejecutivo y Legislativo argentinos definan políticas públicas para instaurar el juicio en ausencia y crear agencias especializadas en delitos complejos como el terrorismo.
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Fuente: Clarín
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