Durante las últimas semanas, desde Zona Militar abordamos la compleja situación del involucramiento de las Fuerzas Armadas en Rosario, que aunque por ahora solo incluya el apoyo logístico, declaraciones desde el Gobierno Nacional indicarían una propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Interior. El objetivo principal, sería que el implemento directo de las Fuerzas Armadas en Santa Fe sea de curso legal, “para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a la gente“, tal y como sostuvo el Ministro de Defensa Luis Petri en una conferencia de prensa el pasado 21 de marzo.
En una nota previa, abordamos que una de las grandes problemáticas es de qué manera garantizamos que el accionar de las Fuerzas Armadas es legítimo y que, sin un Código de Justicia Militar, las cuestiones tales como las Reglas de Empeñamiento, sean comprendidas en base al contexto del accionar de los uniformados ¿Se formularán en todo caso Reglas de Empeñamiento que establezcan cómo emplear la fuerza y contra quiénes, de manera clara? Si bien todos comprendemos que las Fuerzas Armadas cuentan con un número importante de efectivos militares en servicio, las mismas deben continuar con su misión principal de defensa de la Nación tal y como lo estipula el espíritu de la Ley de Defensa. ¿Realmente nos enfrentamos a un cártel de narcotraficantes que provocan que las Fuerzas de Seguridad Federales queden obsoletas, al punto de necesitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas? ¿O sólo interesa la imagen que genera de una falsa “voluntad política” para resolver la problemática?
Como punto principal, deberíamos considerar que la sumatoria de actividades de Seguridad Interior para las Fuerzas Armadas implicaría que sus haberes deberían recomponerse de manera tal que vuelvan a superar al menos en un 20% a las FFSS. Más involucramiento de las Fuerzas Armadas en actividades que no les compete (al menos por ahora) es igual a mayor entrenamiento o capacitaciones para lidiar con situaciones complejas frente a la población civil. Por consiguiente al adiestramiento, se deberá disponer de equipos particulares para todo el personal, de manera tal que puedan ejercer las misiones de manera efectiva, aunque sean equipos similares a los utilizados actualmente por Policía Federal Argentina, por ejemplo.
¿Cómo se establecerá la cadena de comando? Tal y como lo estipulan las leyes actuales, la implementación de las Fuerzas Armadas en operaciones de Seguridad Interior implica la declaración de un Estado de Sitio y la designación de una Cadena de Comando que orqueste las operaciones. Esto mismo deberá ser modificado a consecuencia de una supuesta aprobación de la modificación de la ley de 24.059, dado que no se necesitaría una declaración de Estado de Sitio para que las FFAA se involucren, pero aún no se conocen detalles de lo que sucederá con el establecimiento de la Cadena de Comando. ¿Existirá un fuero federal penal para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad? ¿Se procesará al personal militar en caso de una presunción de delitos en cumplimiento de sus funciones o defensa personal? Todos sabemos que los gobiernos cambian, y que la justicia cambia. Un cambio de leyes, o su actualización, involucra un cambio en cadena completo que deberá garantizar la efectividad de la ley -no a medias ni a duras penas-. ¿Cómo podemos garantizar que, sin tener una Justicia Militar vigente en Argentina, el personal militar sea juzgado acorde al cumplimiento de las Reglas de Empeñamiento estipuladas?
Todos los caminos llevan a Roma, aunque nuestra Roma en este caso sean las Reglas de Empeñamiento y la Justicia Federal. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos desde el Gobierno Nacional de maquillar una modificación de una Ley muy compleja como lo es la Ley de Seguridad Interior, el acto implica una reacción en cadena de mucha incertidumbre centrada en los principales puntos detallados.
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