Un barco argentino fue sorprendido pescando ilegalmente en una zona designada para la protección de juveniles de merluza negra. En respuesta, el Gobierno impuso una multa ejemplar de más de 56 millones de pesos a los responsables, y se decomisó una mercancía valuada en 2.500 millones de pesos.
La Subsecretaría de Pesca del Gobierno Nacional llevó a cabo una acción sin precedentes en la industria pesquera argentina al incautar cerca de 139 toneladas de merluza negra capturada ilegalmente por un buque argentino.
Este operativo se desencadenó tras denuncias verbales de empresas privadas sobre la actividad ilegal del Barco Tai An, perteneciente a la empresa Prodesur S.A., en la zona de protección de juveniles de merluza negra. La investigación la lideró el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, quien rastreó el movimiento del barco.
Se descubrió que la empresa no tenía la cuota autorizada para la pesca de este tipo de pez y que excedía significativamente las 5 toneladas permitidas incidentalmente en relación con el máximo permitido en el cardumen. Según el artículo 21 (inciso H) de la Ley de Pesca 24.922, está prohibido pescar en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso ni cuota asignada, infringiendo la normativa vigente.
Consecuencias para la embarcación encontrada
En consecuencia, el artículo 55 de la ley permitió ordenar al barco abandonar la zona protegida. Una vez en el puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, López Cazorla, basándose en el artículo 53, ordenó el decomiso de la mercancía.
De las 139 toneladas decomisadas y en virtud del artículo 53, se determinó sustituir la sanción por un monto en efectivo equivalente al valor de mercado en el momento del arribo al puerto. Este importe, que asciende a 2.500 millones de pesos hasta la fecha, se destinará al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). Esta multa representa casi la totalidad de los ingresos generados por derechos únicos de extracción y sanciones al FONAPE durante todo el año 2023.
La sanción impuesta a la empresa también incluye la prohibición de despacho de pesca durante 45 días y una multa de $113.400.000, que se reduce a la mitad por la cooperación con la normativa, alcanzando los $56.700.000.
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