Tal como informó Escenario Mundial en septiembre del año pasado, un estudio realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), reveló que Argentina se encuentra en el tercer puesto entre los países más afectados por los efectos negativos de la pesca ilegal a nivel global mientras que ocupa el primer lugar en América Latina. Este inconveniente, lejos de encontrar una solución, se continuó acentuando a lo largo de 2024 y todo indica que seguirá por ese camino en los años por venir.
La República Argentina se ha puesto en tela de juicio sobre sus capacidades operativas efectivas en la lucha contra la explotación extranjera de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). A pesar de los múltiples esfuerzos del Poder Ejecutivo por adquirir medios marítimos para controlar su litoral, tal como la licitación por cuatro buques OPV (Offshore Patrol Vessel) en noviembre de 2023 que utilizará la Prefectura, esta problemática carece de una coordinación multidisciplinaria por parte del Estado Nacional.
La indecisión y la falta de efectividad en la lucha contra la pesca ilegal han generado múltiples conflictos en lo que va de 2024, donde la incursión del buque pesquero portugués Calvao a principios de marzo fue especialmente relevante. La infracción a la Ley N° 24.922 “Régimen Federal de Pesca” ocurrió sin presencia de buques de la Prefectura Naval Argentina ni de la Armada, demostrando que la capacidad de disuasión del país es cuanto menos, difícil de llevar a cabo.
Un compendio de “hechos aislados”
Pero este hecho no constituye ni por asomo un hecho aislado dentro del Mar Argentino. Este hecho es alarmante si, pero el verdadero problema se encuentra en que el 60% de los buques involucrados en esta actividad ilegal son de origen asiático, principalmente de China, mientras que el 25% restante pertenece a embarcaciones de países de América Latina, África y Europa en proporciones similares.
Desde hace por lo menos una década que los barcos de bandera china se han ocupado de pescar en el límite de la ZEE, siendo así la mayor preocupación de las fuerzas de seguridad marítimas por mantener el bienestar de la explotación económica por parte de pesqueros nacionales, evitando así la pérdida de millones de dólares anuales.
Es por esto que el informe global que cubrió Escenario Mundial destaca enormes pérdidas económicas debido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A nivel mundial, se estiman pérdidas de hasta $50 mil millones de dólares. En este sentido, la Argentina sufre anualmente pérdidas de $3,500 millones, siendo el segundo país con mayores pérdidas después de África, que pierde casi $12,000 millones y de Indonesia, que resigna $4,000 millones. A nivel regional, Argentina lidera en pérdidas económicas en América Latina, con valores casi siete veces mayores que Perú ($500 millones) y doce veces más que Chile ($300 millones).
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